AN aprobó Informe de la comisión especial del Tema Universitario

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El pasado jueves 5 de mayo, el hemiciclo de sesiones fue testigo de la presentación del informe  del sector universitario, emitido por la denominada comisión especial. El mismo tiene como punto central, detectar y tratar los temas de la problemática de educación superior en territorio nacional.

 

En vías de mejorar la crisis, el documento propone la ley de Orgánica de Educación y de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la creación de la nueva Ley de Educación Superior y la Ley de Bienestar Estudiantil; y acordó un desagravio a los ataques sufridos, por parte del anterior ente legislativo.

 

Detalla el informe, a continuación:

 

 

 

INFORME FINAL

 

COMISION ESPECIAL ASAMBLEA NACIONAL PARA EL SECTOR UNIVERSITARIO

 

MARZO DE 2016

 

Dando cumplimiento a la responsabilidad encomendada por esta Asamblea Nacional (AN), elevamos a su conocimiento el presente informe que contiene tanto los resultados de las investigaciones y tareas realizadas, como las recomendaciones consideradas oportunas y necesarias para fortalecer las universidades del país, de forma que logren cumplir cabalmente los cometidos previstos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes. Todo lo cual se hace también en estricto apego de los objetivos asignados a esta Comisión Especial.

 

PRIMERA PARTE

Agenda de la Comisión

 

En este apartado se exponen los soportes de la acción emprendida por la Comisión Especial de la AN para el Sector Universitario, designada en enero de 2016: Sus objetivos, acciones y bases  legales.  Destaca  la  amplia  base  documental  recabada  a  partir  de  los  múltiples encuentros propiciados con los diferentes actores del mundo universitario venezolano.

 

 

Fundamentos de la Comisión

 

Durante la sesión ordinaria del jueves 14-01-16, la AN aprobó la conformación de una Comisión Especial para atender la crisis que atraviesan las universidades públicas del país, con el objeto de abordar el tema en conjunto con las autoridades universitarias, federaciones de estudiantes, de profesores, de empleados administrativos y profesionales y todos los sectores que integran la comunidad universitaria. La propuesta fue realizada por el Bloque de la Unidad Democrática (BUD) lo que aseguró que su mayoría parlamentaria hoy le haga justicia a un importante sector de la vida nacional.

 

La comisión quedó presidida por el diputado Enrique Márquez (MUD/Zulia) y Miguel Pizarro (MUDMiranda) como vicepresidente, se designó como Secretario al profesor  Robert Rodríguez Raga. Dicha Comisión tiene el mandato de:“…prolongar el debate a la comunidad universitaria convocando a todos los sectores a esta Asamblea Nacional para que presenten soluciones constructivas en función de las universidades”.

 

Esta Comisión tiene su fundamento en el Artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que dispone que “la Asamblea Nacional podrá crear comisiones especiales con carácter temporal para investigación y estudio, cuando así lo requiera el tratamiento de alguna materia…”, siendo que es deber de las mismas entregar un Informe, en el cual se recojan todos los aspectos inherentes a las investigaciones y funciones realizadas, el cual se elevará para su conocimiento y aprobación por la plenaria de la Asamblea Nacional y conforme al artículo 47 ejusdem, “…deberá concluir con el proyecto de ley, acuerdo o resolución a que se contrae, o con la proposición sobre el destino que, a juicio de la Comisión, debe dársele…”.

 

De igual manera, la comisión emprendió su trabajo conforme a las a las facultades de control que sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional posee la Asamblea Nacional, previstas en el Artículo 187 numeral 3 de la CRBV.

 

  1. Bases Legales

 

El derecho a la educación, como derecho humano fundamental y derecho social, se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de una pluralidad de fuentes normativas, no sólo internas, sino también diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13), por sólo mencionar los más importantes.

 

El Artículo 102 de la CRBV consagra el derecho a la educación “democrática, gratuita y obligatoria”  y  establece  el  deber  del  Estado  de  garantizarla  en  todos  sus  “niveles”  y modalidades, incluido el universitario, catalogando además a la misma, como “instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”. Igualmente el Artículo 103 establece el deber del Estado de realizar “inversiones prioritarias” para garantizar estos mandatos.Las normas jurídicas fundamentales que regulan este derecho son, junto al Principio Esencial de  la  Autonomía sancionado  en  el  Artículo  109  de  la  CRBV,  la  Ley

 

Orgánica de Educación y la Ley de Universidades. En el presente Informe nos referiremos especialmente a las disposiciones normativas que guardan relación con el sector universitario.

 

Dentro de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, publicada en Gaceta Oficial Nro.

 

5.929 Extraordinario de fecha 15 de agosto de 2009, se regula en su Artículo 5 el Estado Docente, estableciéndose el “deber” del Estado de garantizar la infraestructura, dotación, equipamiento, planes, programas, etc., que garanticen la materialización del derecho a la educación en los planteles educativos públicos, en todos sus niveles. Igualmente dispone, en su Artículo 50, el deber del Estado de financiar el sistema educativo público, buscando además su crecimiento progresivo anual, garantizando la construcción, ampliación, rehabilitación, equipamiento,  mantenimiento,  y  sostenimiento  de  edificaciones  educativas,  así  como  la dotación de servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas telemáticos y otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales y educativas.

 

En este sentido, es deber del Estado garantizar los recursos económicos para hacer efectiva la materialización de este fin educativo fundamental, recursos económicos éstos que deberán ser destinados  conforme  al  presupuesto  aprobado  por  cada  una  de  las  universidades,  por  el Consejo Universitario de las mismas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Universidades.

 

El Artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación establece que la educación universitaria debe buscar la formación integral y permanente de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con el desarrollo del país, así como contribuir al estímulo de la creación intelectual, la creatividad, la investigación y la innovación. Este artículo igualmente dispone la necesidad de dictar una normativa especial en materia de universidades, toda vez que la vigente es de antigua data (fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 1.429 Extraordinario, el 8 de noviembre de

 

1970). Sin embargo, esta norma jurídica dispone tanto los principios fundamentales que rigen al sector universitario como el reconocimiento de que las universidades son instrumentos para el desarrollo y resolución de los problemas del país.

 

Por otro lado, es importante resaltar que la vigente Ley de Universidades dispone que en cada universidad debe funcionar un Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (artículo 132), encargado de fomentar la investigación en los campos científico, humanístico y social. Ello toda vez que el objetivo de las universidades no se limita sólo a impartir conocimientos, sino a crear nuevos conocimientos, científicos y humanísticos, a través de la investigación, que es uno de los pilares fundamentales de la labor universitaria.

 

Esta importante tarea se encuentra muy disminuida también desde hace unos años, especialmente por la situación financiera y presupuestaria que viven las universidades. No obstante, el impacto de esta merma va más allá de las mismas universidades porque afecta severamente las posibilidades del desarrollo nacional, dado que son innumerables los descubrimientos y nuevas tecnologías que surgen de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística que se desarrolla en las universidades.

 

Un tema de especial interés para esta comisión es el de la autonomía universitaria, la cual se encuentra claramente establecida en el Artículo 109 de la CRBV, donde se establece que las universidades experimentales también podrán alcanzarla, conforme a los parámetros establecidos en la ley. El caso es que todavía hoy se constata la existencia de instituciones universitarias de gran alcance, trayectoria y prestigio,ancladas en su experimentalidad después de décadas de probada excelencia académica.En efecto, las universidades experimentales han demostrado por décadas su “funcionalidad” y constituye un flagrante atropello que hoy en día se encuentren administradas no bajo parámetros académicos, sino político-partidistas. El Ejecutivo Nacional es quien designa sus autoridades, administra su presupuesto, dictamina sus planes de estudio, etc., lo cual en nada propende a la autonomía que deben lograr las mismas, tal como lo dispone el propio Artículo 10 de la Ley de Universidades.

 

La Ley de Universidades dispone, en su artículo 9, el significado y alcance de la autonomía universitaria, señalando lo siguiente:

 

Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su

Reglamento, disponen de:

 

1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;

 

2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines;

 

3.- Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo;

 

4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio” (Ley de

 

Universidades. Artículo 9).

 

La autonomía universitaria constituye el principio fundamental para el logro de los cometidos de las universidades, por lo cual resulta censurable que en el marco del ejercicio del poder gubernamental se niegue, desconozca o anule.

 

En Venezuela, durante los últimos años, se han hecho evidentes lasacciones emprendidas desde el gobierno para dejar sin efecto la autonomía universitaria, tales como las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia para impedir la celebración de procesos eleccionarios en las universidades autónomas del país; la asignación cada vez más deficitaria de recursos presupuestarios; el control centralizado de esos recursos como se ha hecho a través del Decreto Presidencial Nro. 2.198, mediante el cual se creó el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas para los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional y la anulación de los mecanismos de selección de estudiantes creados por las mismas universidades, para sólo mencionar algunos.

 

  1. Objetivos

 

A esta Comisión Especial le han sido asignados los siguientes objetivos:

 

    1. Convocar a  todos  los  sectores  del  mundo  universitario  venezolano  a  la  AN  con  el  fin escuchar sus planteamientos, ideas, denuncias, datos, propuestas en torno a la Universidad Venezolana.

 

  1. Identificar los núcleos de conflicto presentes en la realidad universitaria, sus actores, los factores, la condición de las situaciones y/o conflictos (Estructurales o Coyunturales).

 

    1. Recopilar Información de primera fuente sobre la situación de las casas de estudio para construir una agenda de prioridades de atención, por los diferentes poderes del estado.

 

    1. Proponer unas líneas maestras de atención al sector universitario desde la AN que permitan continuar un trabajo de seguimiento y evaluación de la realidad institucional y sus posibles salidas.

 

    1. Atender y responder los diferentes planteamientos realizados desde todos los sectores vinculados a la universidad a la Comisión.

 

    1. Organizar y facilitar desde la AN, a partir de lo recopilado hasta ahora, una agenda de debates públicos sobre los problemas y propuestas de transformación de la Universidad Venezolana.

 

    1. Visibilizar la problemática Universitaria en sentido constructivo, propiciando la confluencia del conocimiento con todos los sectores organizados para aportar en la construcción del país y  superación  de  la  crisis.  (Por  ejemplo:  Universidad  y  productores  del  AGRO,  o cualquier ámbito, lo que conduciría a materializar una“UNIVERSIDAD COMPROMETIDA SOCIALMENTECON RESPUESTAS AL PAÍS”

 

 

  1. Actividades

Son múltiples las actividades desplegadas por esta comisión para alcanzar sus objetivos. Cabe destacar que en el encuentro con los distintos sectores del mundo universitario prevaleció la amplitud y el interés de conocer todas las aristas del problema que enfrenta este importante sector de la vida nacional. Siempre estuvo abierto un espacio para las opiniones discordantes y aún frente a los temas más polémicos o controversiales prevaleció el respeto, la tolerancia y la disposición al diálogo.

 

Entre todas las actividades emprendidas por la Comisión destacan las siguientes:

 

    1. Instalación de la Comisión 19/01/2016.

 

    1. Reunión con AVERU martes 19 01 2016.

 

    1. Reunión con 9 Decanos de la UCV 19/01/2016.

 

    1. Reunión con FAPUV 20/01/2016.

 

    1. Reunión con 75 representantes del Movimiento Estudiantil de 24 Universidades Nacionales el 20/01/2016.
    2. Reunión con Federaciones de Sindicatos de Obreros y Empleados 27/01/2016.

 

  1. Reunión con Científicos y Especialistas en LOCTI 28 01 16.

 

  1. Visita a CU LUZ 05 02 2016.

 

    1. Visita a Escuela de Medicina José María Vargas UCV 10 02 16.

 

  1. Visita a CU UCV 10 02 16.

 

    1. Reunión con Directivos y Especialistas en Fondos y Seguridad Social Universitaria 11 02 16.

 

  1. Reunión con Científicos especialistas en LOCTI para recibir proyecto de Reforma de ley.

 

Viernes 04 03 16.

  1. Reunión y rueda de Prensa con AVERU y FAPUV para advertir del inminente cierre de las universidades por no transferir los recursos ordinarios 2016 (08/03/16).
  2. Visita del Presidente   de   la   Comisión   al   Estado   Aragua   donde   atendió  y  recibió planteamientos de las universidades del estado.

De igual forma:

  • Se realizó una invitación cordial y dos convocatorias formales al Ministro Jorge Arreaza, quien se excusó en último momento, a las dos últimas solicitudes, negándose a comparecer.
  • En el caso de ARBOL se realizaron dos invitaciones formales que no fueron atendidas por motivos de trabajo y por encontrarse de viaje en el exterior.
  • En cuanto al Movimiento Estudiantil Bolivariano, se solicitó a los diputados de dicha bancada realizar la invitación correspondiente la cual no ha sido materializadalo que mantiene este sectorsin participación alguna hasta la fecha.

Se tiene en archivo además las grabaciones y transcripciones de las diferentes reuniones realizadas a excepción de la reunión de AVERU del 19-01-16 en la AN la cual no fue grabada por los servicios de la asamblea por no haber sido notificados, igualmente el archivo de la comisión ubicado en la primera vicepresidencia se mantienen todos los documentos de trabajo, así como denuncias y propuestas recibidos.

  1. Información Recibida

Como podrá constatarse en el siguiente cuadro, la Comisión recibió información relevante de las más disímiles fuentes y todos los aportes dan cuenta del amplio abanico de problemas que hoy sufren las universidades y los universitarios del país.

 

 

 

FECHA

 

 

SECTOR

FORMA  

 

ASPECTOS TRATADOS

 

 

RECIBIDO POR

Dig. Fís.
S/F Facultad Odontología

 

UCV

  X Insuficiencia de material

 

odontológico y su relación con la enseñanza de la facultad de odontología UCV

Prof. Rodríguez
20/01/2016 LUZ   X Problemática sobre

 

transporte estudiantil.

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Movimientos

 

Estudiantiles

  X Problemática espacios

 

físicos

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Estudiantil   X Problemática en general Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Informe sobre comedor

 

UPEL

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Sentencia contra la UNEFA Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Situación Actual de la UDO-

 

Núcleo Bolívar

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Federación Nacional

 

de Trabajadores de la Educación Superior de Venezuela

  X Solicitan elecciones de

 

autoridades, otorgamiento de presupuesto real e investigación sobre fondos de la II convención colectiva.-

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Presupuesto Universitario,

 

Sueldos de Profesores y becas estudiantiles

Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Informe situación UNEXPO Prof. Rodríguez
20/01/2016 Universitario   X Boletín Estadístico 2014

 

UPEL

Prof. Rodríguez
28/01/2016 ARBOL X X Invitación a Comisión (2

 

invitaciones)

Prof. Rodríguez

 

FECHA

SECTOR

FORMA

ASPECTOS TRATADOS

RECIBIDO POR

Dig.

Fís.

27/01/2016 Sindicatos Obreros   X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Centro de Estudiantes   X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Federación

 

FENATESV

  X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 FAPICUV   X Problemática en General Prof. Rodríguez
27/01/2016 Sindicato de profesores   X Testimonio Grafico Desalojo Sede Sindical Prof. Rodríguez
27/01/2016 APUFAT   X Análisis de Tabla Salarial Prof. Rodríguez
27/01/2016 Consejo de Jubilados Universitarios UCV   X Esquema Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Universitario APUZ   X Problemática en General (Vacaciones – Presupuesto) Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Vicerrectorado Académico LUZ   X Informe Vicerrectorado Académico Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Decanato Facultad de Ingeniería   X Problemática de la casa de Estudios Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Universitario   X Informe de Compilaciones de Necesidades de funcionamiento LUZ Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Rectorado LUZ   X Salutación y Problemática Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Universitario Secretaría LUZ   X Políticas y programas de ingreso estudiantil Prof. Rodríguez
05/02/2016

 

ZULIA

Representante CU-LUZ   X Problemática de losprofesores CU-LUZ Prof. Rodríguez
10/02/2016

 

UCV

Universitario   X Informe sobre las necesidades del departamento y sus cátedras. Facultad de Medicina. Escuela Luis Razetti Prof. Rodríguez
10/02/2016

 

UCV

Universitario   X Necesidades del Dpto.Ciencias Fisiológicas. Facultad de Medicina. Escuela Luis Razetti. Prof. Rodríguez

FECHA

SECTOR FORMA ASPECTOS TRATADOS

RECIBIDO POR

Dig.

Fís.

10/02/2016

 

UCV

Universitario   X Modernización de los espacios docentes y de investigación. Facultad de Medicina Prof. Rodríguez
10/02/2016

 

UCV

Universitario X   Problemática de la Cátedra de Anatomía Normal. Facultad de Medicina Escuela “Luis Razetti”. Prof. Rodríguez
10/02/2016

 

UCV

Prof. Universitario X   Solicitud de Jubilación, Jefe de cátedra de Anatomía Normal.  
10/02/2016 UCV Jefe de Departamento 

Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical

X   Informe sobre la capacidad Instalad. Departamento de microbiología – Facultad de Medicina. Prof. Rodríguez
21/01/2016 Secretaria Asamblea Nacional   X Comunicación en donde designan al Dip. Márquez. Presidente de la Comisión Especial y transcripción de la sesión del día jueves 14 de enero. Entregado por la

 

Lcda. Verónica

 

Brito. 22/02/16

Enero SecretariaUniversidad de Carabobo   X Informe en donde solicitan la Exención al Pago del I.S.L.R.  a los trabajadores universitarios. Entregado por la Lcda. Verónica Brito. 22/02/16
Enero Dirección de Planificación y Presupuesto (UC)   X Informe sobre la elaboración del Proyecto 2016 Entregado por la Lcda. Verónica Brito. 22/02/16
05/02/2016 Diputado Luis Stefanelli   X Propuesta de reforma a la LEY ORGANICA DE EDUCACION Entregado por la Lcda. Verónica Brito. 22/02/16
Febrero UDO Mov. Estudiantil Conciencia Activa   X Comunicación en donde Solicitan derecho de palabra ante la Comisión Especial a fin de exponer crisis que sufren las casas de estudios. Prof. Rodríguez
FECHA SECTOR FORMA ASPECTOS TRATADOS RECIBIDO POR
Dig Fís.
03/02/2016 AVERU   X Anteproyecto y recursos asignados 2015 anteproyecto 2016 (pre cuota) Universidad Nacional Experimental del Táchira. // Rendición de Asignación de Crédito adicional y rendición de cuenta del 2009 al 2015. Universidad de Carabobo.  // Rendición de Cuenta años 2010 al 2015 Universidad de Oriente. // Situación sobre la Inseguridad en la Universidades Venezolanas. Elaborado por la Universidad de Oriente. Prof. Rodríguez
10/02/2016 AVERU   X Relación de Presupuesto Asignado desde el año 2010 al 2016 a la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Prof. Rodríguez
24/02/2016 UDO Monagas   X Propuestas a considerar Prof. Rodríguez
17/02/2016 AVERU   X Informe Jurídico de los procesos Eleccionarios de las Universidades Nacionales Autónomas Prof. Rodríguez
24/02/2016 Ramón Sánchez l

 

Núcleo de Directores de Desarrollo

  X Conclusiones de la 1ra. Reunión ordinaria de la comisión permanente de directores de desarrollo estudiantil. Recepción 1ra

 

Vicepresidencia

24/02/2016 Dip. Karim Vera   X Solicitud de atención a la casa de estudio, Universidad Politécnica Territorial Norte del Táchira Manuela Sáenz. Recepción 1ra

 

Vicepresidencia

24/02/2016 MarlenysMateran   X Planteamiento de problema en cuanto a la exclusión de la Universidad Caribbean Internacional University por lo tanto no es reconocido el titulo allí obtenido. Por parte de la UNEFA. Bloque

 

Parlamentario

 

Zulia

 

SEGUNDA PARTE

 

Nudos Críticos del Sector

 

Son múltiples y de distinta naturaleza los nudos críticos del sector universitario venezolano. Todos ellos se enmarcan en un contexto de crisis que no sólo se origina por la ausencia de recursos presupuestarios. El desconocimiento de la autonomía, como ya se ha indicado; el interés de imponer un modelo universitario distinto al contemplado en nuestra propia CRBV y un estilo político de relacionamiento pugnaz y polarizante, han hecho que los problemas universitarios se agraven y profundicen.

 

 

  1. Contexto General: Crisis y conflicto en las universidades venezolanas

 

La importancia atribuida por esta AN al sector universitario en este preciso momento histórico, constituye  de  por  sí  una  reivindicación  y  un  reconocimiento  a  uno  de  los  sectores  más afectados por las políticas gubernamentales de los últimos años.

 

Los valores, principios y prácticas propias de la dinámica universitaria, en la que prevalecen la irreverencia, el ejercicio perenne de la crítica y el inconformismo existencial, siempre ubicarán a las universidades en una relación de incomodidad con el poder. Pero lo que ha ocurrido durante los últimos años en Venezuela con las universidades públicas, va más allá de toda incomprensión. Estas instituciones han sido hostigadas permanentemente y sus principales dirigentes, estudiantiles y gremiales, convertidos en objetivos de la sospecha y el hostigamiento policial.

 

Desde 1999 se impusieron, además, las tesis oficiales del “Rechazo al Pasado” y “el Nuevo Comienzo”, a partir de las cuales se asumió que toda la institucionalidad social venezolana podía y debía cambiarse o eliminarse, sin alternativa a la función social que desempeñara, trayectoria o aportessociales. Tal concepción, junto a la bonanza petrolera del momento, motivó al gobierno la creación o reformulación de las instituciones universitarias antiguas pero sin autonomía, como la UNEFA, a las que se les cambió básicamente el nombre y se construyó un sistema universitario paralelo que ciertamente expandió la matrícula pero del que no ha sido posible conocer con certeza sus frutos ya sea en investigación, aportes tecnológicos, extensión o proyección profesional de sus egresados.

 

El asunto es que el gobierno al no poder controlar políticamente a las universidades nacionales las acorraló hasta llevarlas al borde del colapso, con la descapitalización de su patrimonio intelectual y la depauperación de las condiciones laborales de profesores y trabajadores administrativos, técnicos y obreros, a los que se les ha llevado hasta el límite de la subsistencia, siendo éste, precisamente, uno de los más activos focos de conflicto laboral en Venezuela.Pero además de ello, el efecto perverso de la política oficial dirigida contra las universidades se traduce en el colapso de la infraestructura que hoy presenta la mayoría de las universidades y en el atraso tecnológico de su equipamiento.

 

Está claro que la estrategia de repetir presupuestos, asignar partidas y auxilios deficitarios y concentrar el presupuesto en el pago de salarios y providencias estudiantiles insuficientes, ha terminado quebrando a la educación universitaria pública.

Pero la confrontación con las Universidades no cesa allí. El Poder Judicial ha impedido la renovación democrática de las autoridades universitarias en todos los niveles con lo cual se ha creado en algunos casos, una evidente situación de ingobernabilidad, y en todos, una situación de desgaste de las autoridades electas, algunas hasta con 10 años en su ejercicio.Paradójicamente,  el  modelo  impuesto  a  través  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación (LOE), de una supuesta participación igualitaria de todos los sectores, tampoco se ha podido aplicaren las llamadas “Universidades Bolivarianas” creadas por el gobierno, porque el modelo predominante en ellas ha sido más bien el discrecional nombramiento y remoción de autoridades.

 

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), en el documento consignado a esta Comisión el 20/01/2016, llega a indicar que, en materia educativa, cada vez es mayor la brecha entre lo que establece la CRBV y lo que ocurre en la realidad. Veamos:

 

Mientras que la CRBV garantiza el derecho a la educación. El Artículo 102 establece la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, y la define democrática, gratuita y obligatoria y el Artículo 103 consagra el derecho que tiene toda persona “a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”; la realidad es que aún, como sociedad, no hemos alcanzado ni siquiera la enseñanza primaria universal, y la calidad de la formación académica de nuestra juventud viene en franco deterioro. Las pruebas de admisión de las universidades ponen crudamente en evidencia que son cada vez mayores las disparidades y se profundiza la distribución desigual del acceso a los bienes culturales. Inclusive aquellos estudiantes que logran ingresar en el sistema de educación superior vienen con graves lagunas en competencias y conocimientos claves, como lengua y matemáticas, lo que evidencia un aprovechamiento escolar limitado. De allí la necesidad de prestarle a la educación  en  Venezuela  toda  la  atención  que  requiere  para  lograr:  1.  La  realización  del principio de que, independientemente del lugar en que se nace, se vive y se estudia, todos puedan acceder a un mismo y elevado nivel educativo en nuestro país. 2. Que la Universidad ocupe el papel central para el desarrollo que demanda nuestra realidad nacional y nuestro entorno internacional”.

 

Es en este contexto que la AN asume el compromiso y mandato constitucional de convocar a todos los sectores de la universidad venezolana para iniciar un constructivo intercambio que propicie la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, ante esta realidad la respuesta del gobierno va en la dirección contraria: No participa en el debate, ni permite que los actores principales de las llamadas Universidades Bolivarianas, organizaciones estudiantiles y profesorales,  expongan  ante  esta  comisión  sus  verdades  y  dudas,  sus  problemas  y expectativas.

 

 

  1. Financiamiento y Rendición de Cuentas

Más allá de una discusión coyuntural sobre el presupuesto insuficiente de las universidades que debe ser atendido de manera urgente, es impostergable también apuntar a un debate de fondo, estructural, sobre el financiamiento de la Educación Superior en Venezuela.

 

Sobre este asunto, Luis Bravo Jáuregui (2015), advierte:“Nadie duda de los proyectos de Gestión y Política Pública de la Educación hasta que no se ven los resultados, más allá del discurso que suele ser bienintencionado. Nadie aspira a que no crezca la Educación del Pueblo por falta de financiamiento. Quizás algunos extremistas en funciones de poder, defiendan la tesis de que es preferible, por ejemplo, el gasto militar a la inversión educativa. Pero habitualmente hay consenso social respecto a que la inversión social en materia de Educación y Salud debe privilegiarse. El problema son los límites de esa buena intención y los intereses que la sustentan.Si un proyecto político ejerce el poder fundamentalmente para perpetuarse, para seguir gobernando, su prioridad es otra al desarrollo de unos servicios públicos de educación, robustos y sostenibles en el tiempo. Prioriza los gastos que le generan adhesiones y votos en lo inmediato, sin mayores consideraciones con el desarrollo real de la Educación Popular Sustentable. Pone en primera línea lo que hace falta para el desarrollo de una ideología funcional a sus pretensiones de gobernar eternamente, por intermedio de medios educativos y pedagógicos. Sus principales energías se canalizaran a la propaganda y los anuncios estrambóticos respecto a los efectos de su amor por un pueblo ideológicamente empoderado. Convierte, sin mayores miramientos históricos, la inversión pública en gasto generador de

inflación y sobreempleo estatal”1.

 

No obstante, la gravedad de la coyuntura presupuestaria actual se deriva de las políticas y prácticas gubernamentales de “asignar” sin criterios “conocidos o cognoscibles” presupuestos formulados sin relación con las necesidades y requerimientos reportados y demostrados de las universidades,lo cual genera las subsiguientes solicitudes de “insuficiencias”,algunas de las cuales terminan cubiertas con créditos adicionales. Esta práctica, utilizada aún en medio de épocas de bonanza, obligó a las universidades a enfrentar una situación marcada por desembolsos  irregulares  y  arbitrarios  que  ha  hecho  imposible  un  ejercicio  presupuestario

 

1). Bravo J., Luis (2015): “El financiamiento educativo y el gasto (inversión) social en Venezuela”. Documento

Publicado por el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. CEDICE.

 

normal y, con ello, el cumplimiento de su misión institucional. En otras palabras, también en esta materia el gobierno terminó imponiendo su filosofía: de improvisación irresponsable.

 

En un marco más amplio, Luis Torres (2016), profesor e investigador dedicado al tema del financiamiento de la Educación Superior en Venezuela y en América Latina, al analiza el modelo venezolano, aporta un conjunto de elementos fundamentales para su comprensión. En este sentido, advierte que “Los recursos públicos son y, posiblemente siempre sean, insuficientes para el desempeño adecuado de la gestión académica de las universidades latinoamericanas”,en consecuencia una verdadera política gubernamental de financiamiento del sector está obligada a incluir a todos los factores intervinientes en el problema, aunque destaca que el financiamiento de la educación superior debe considerarse una inversión social,“un bien social y cultural que el estado debe velar y proteger como patrimonio de toda lasociedad”(Torres, 2016).

 

Por tanto, abordar eficientemente este problema implica desplegar medidas de amplio espectro que van desde equilibrar el presupuesto universitario a través de la diversificación de las fuentes de financiamiento y la derivación de gastos recurrentes calculados como presupuesto universitario; avanzar en la consolidación de un Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores Universitarios que cumpla con los derechos adquiridos y sea sustentable y sostenible en el tiempo; promover una cultura tributaria directa a los egresados de la universidades públicas y promover alianzas entre los sectores productivos públicos y privados con las universidades para desarrollar la investigación a través de la reforma de la Ley Orgánica de la Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), entre muchas otras medidas.

 

Siguiendo al Profesor Luis Torres (2016), veamos su propuesta de lineamientos para una política de financiamiento de las universidades:

 

  1. Tener claro que el éxito de cualquier política pública radica en la participación seria y responsable de las partes involucradas para el establecimiento de los acuerdos. En tal sentido, cualquier política de financiamiento para la Educación Superior (ES), solo tendrá éxito en la  medida  que  todos  los  órganos  del  Estado  y  los  diferentes  actores  de  las

Instituciones de Educación Superior (IES) logren precisar los puntos de coincidencia para su aplicación. Finalmente se debe acordar un mecanismo transitorio para el establecimiento de la nueva política de financiamiento.

 

    1. Mantener una postura firme y una estrategia de internacionalización bien diseñada para preservar la protección del Estado al carácter “público” de la ES.

 

    1. Definir y reorganizar la plataforma institucional de todo el Sistema de Educación Superior (SES) venezolano; iniciar por precisar cuáles son las funciones y alcances de los órganos del Estado y, cuáles son los planteamientos concretos que se esperan en el cumplimiento de la misión universitaria en materia de profesionalización, generación de ciencia-tecnología y preservación de la cultura por parte de la IES, en este punto es preciso señalar que cada IES deberá diseñar cuál es su política académica y como le será viable.

 

    1. Impulsar mecanismos diferenciados para el financiamiento de la gestión académica; es decir, separar los criterios y origen de los fondos para financiar la formación del pregrado, con respecto del origen y criterios para financiar la generación y el desarrollo científico y las actividades de extensión.

 

    1. Crear un programa nacional integral para la atención efectiva de las providencias estudiantiles. Entre otras consideraciones se debe precisar los costos operativos de los servicios de alimentación, transporte y atención medica; además se deberá establecer una plataforma única de registro nacional para conocer los beneficiarios de las providencias estudiantiles; con el firme propósito de priorizar el financiamiento de las becas para aquellos estudiantes provenientes de los estratos sociales IV y V; asimismo evitar la duplicidad de beneficiarios en diferentes plazas ofertadas por el Estado venezolano o las IES.

 

  1. Impulsar una política de gestión electrónica en todo el SES, toda vez que se procura en primer lugar, una disminución considerable de los costos de papelería y demás suministros de imprenta y reproducción. Y en segundo lugar, una contribución sostenible para el desarrollo económico del país.

Ahora bien, entre las generalidades que podría contener una estructura sistémica de la política de financiamiento que les permita a todas las IES que existen hoy en Venezuela un acceso equitativo  en  la  distribución,  ejecución  y  control  de  los  recursos  púbicos  por  el  Estado, podríamos señalar los siguientes:

 

  1. Diversificación de las fuentes de financiamiento provenientes de la esfera pública. En Venezuela existen  algunas   experiencias   que   bien   vale   la   pena   revisar,   redefinir, contextualizar y proponer. Nos referimos a:

 

  1. Generación de ingresos captados del sector empresarial por la Ley orgánica de ciencia y tecnología2. Es un mecanismo de inmediata recaudación.
  2. Establecimiento de    fundaciones3.   Para    las    IES    venezolanas   es   indiscutible   el

 

establecimiento de órganos propios dedicados a la generación de recursos económicos de los resultados de la gestión científica-tecnológica, asesorías y consultorías al sector público  y  privado,  entre  otras  actividades  productivas  propias  de  los  activos  que gestionen las IES.

 

  1. Gestión de las reservas liquidas por parte de las IES. Hasta hace pocos años, las IES una vez conocido y honrado el cronograma de desembolso de los recursos para el año por parte del Estado, se dedicaba a gestionar algunos instrumentos financieros en la banca nacional, con el firme propósito de generar algunos recursos adicionales.

 

  1. Asignación racional de los recursos ordinarios en bloque para cada IES que le permita la cobertura de los costos fijos “normados” para su funcionamiento (gasto de personal, materiales y  servicios).  Para  este  caso,  se  deberían  diseñar  varias  fórmulas  a  saber: fórmulas de financiación basada en los insumos para la gestión universitaria4; fórmulas de

 

2). El principal cuestionamiento de toda la experiencia, es que se ha situado en los extremos de su aplicación. En primer lugar, fue completamente descentralizada a las IES con criterios absolutos que desfavorecían el concurso efectivo de las IES de reciente creación y poca capacidad de desarrollo científico (en concreto era un mecanismo excluyente para propiciar el desarrollo científico integral del SES venezolano) y; en segundo lugar, la centralización absoluta por parte de los órganos del Estado, en donde se ha dificultado conocer cuáles son los mecanismos de concursos para las asignaciones de recursos y su correspondencia con los planes previstos.

 

 

3). El principal cuestionamiento de esta experiencia venezolana; fue el uso de órganos o figuras jurídicas ajenas a la condición universitaria (empresas réntales) que impidieron los mecanismos efectivos de auditoría, control, supervisión y custodia de los fondos captados, situación que condujo a que las mismas no lograran su cometido e incluso no fueran auto-sostenibles.

 

 

4). Es una de las primeras fórmulas diseñadas por los Estados y las IES, procura identificar varios elementos base, que permitan establecer una correlación entre las variables: número del personal administrativo y obrero, la relación del personal académico y la matrícula y, la demanda de insumos según las actividades académicas- administrativas previstas.

 

financiación basadas en la matrícula y costes por estudiante5. En ambos casos es recomendable establecer las proporciones, toda vez que se procura favorecer la gestión académica de las IES.

 

 

  1. Establecimiento de un fondo de subvenciones en bloque para la investigación y el establecimiento de otras retribuciones salariales para los investigadores. Se propone en este punto el establecimiento  de  un  Fondo  de  desarrollo  científico  “categorizado6”  con indicadores de desarrollo y progreso científico7, de cooperación y asociación entre las IES de diferentes categorías, entre otros criterios transparentes para su concurso.
    1. Establecimiento de un fondo de subvenciones para las providencias estudiantiles. Este fondo podrá emplear diferentes modalidades a saber:

 

    1. Subvenciones que otorga directamente el Estado y las IES a los estudiantes para contribuir en sufragar los costes de manutención y residencia para los estudiantes de escasos recursos (principalmente estratos sociales IV y V).

 

  1. Fórmulas de financiación basada en insumos8 para los gastos de operatividad y

mantenimiento del servicio de transporte, comedor y atención médica.

 

5). Es preciso establecer las diferencias entre los costos de estudiantes discriminados por las diferentes áreas del conocimiento, puesto que todos no demandan ni los mismos insumos y en menor sentido sus cantidades; incluso estos costos podrán ser considerados por regiones geográficas.

 

 

6). Nos referimos a la categorización de las IES y la categorización de los científicos del país; en primer lugar, se deben diferencias las capacidades científicas y tecnológicas que las mismas poseen en la actualidad ambos criterios para que el concurso sea equilibrado entre pares.  Los fondos categóricos constituyen otra alternativa de asignación de fondos públicos a las IES; a través de este medio el Estado puede asignar recursos con finalidad específica a varias IES y a los científicos, toda vez que procura corregir o ajustar una financiación insuficiente en el pasado, real y percibida.

 

 

7). Tomando en consideración algunos elementos propios de la actividad investigativa como podrían ser: la evaluación de proyectos de investigación, la capacidad científica demostrada por la IES, creación de centros de investigación de excelente capacidad científica y prioridad para los Estados.

 

 

8). Son fórmulas diseñadas por los Estados y las IES, que procura identificar varios elementos base, que permitan establecer una correlación entre las variables: número de unidades de transporte, rutas empleadas y estudiantes beneficiados; número de bandejas a ofertar en el almuerzo y cenas, sus costos en la zona geográfica y su relación con los estudiantes beneficiados; definición de los servicios de atención médica básica y su relación con los insumos requeridos.

 

    1. Producción de indicadores académicos, económicos y de impacto social: para poder establecer cualquier sistema integral de financiamiento público, es indispensable conocer las estadísticas de las IES y de los diferentes órganos del Estado involucrados en la gestión del SES. La producción de indicadores, procura apartarse solo de los índices económicos y resultados académicos que imposibilitan el análisis particular de las IES y a su vez la comprensión del impacto social y científico que está ejerciendo todo el SES. Debe quedar en claro, que la inexistencia de este elemento, dificultara emplear con efectividad cualquier mecanismo de control y evaluación sistémica que procuren el mecanismo de ajustes que vaya requiriendo el SES en Venezuela.

 

  1. Utilización de los recursos: esta fase es conocida por muchos técnicos como la debida instrumentación de la vinculación Plan-Presupuesto, y es que precisamente el objetivo de este elemento es identificar todas las actividades que demandan la utilización o empleo de cualquier tipo de recursos (humanos, financieros, materiales y técnicos) más allá de los mecanismo de los cuales los ha obtenido, de tal manera que facilita a las IES el proceso de rendición de cuentas públicas a la cual está obligada y al Estado el control de la gestión académica, logística y económica de las IES.

 

  1. Evaluación y auditoria: son estos dos aspectos poco desarrollados en la gestión universitaria que llevan adelante las diferentes IES, siempre se están presentando algún desbalance entre la relación de la gestión académica, sus resultados y la vinculación con los costes y/o recursos consumidos. Como elemento positivo, se empieza a observar a nivel mundial, la tendencia de publicar en diferentes medios de difusión los documentos oficiales sobre la rendición de cuentas de las IES entregados a los Estados; sin embargo es una política que se debe convenir para instrumentar efectivamente los mecanismos de captación y difusión de información pública que evite en todo caso la omisión, manipulación y errores de los datos publicados.

 

Finalmente, como consideraciones complementarias, el Profesor Luis Torres (2016), expone:

 

Los mecanismos de financiamiento de la ES “requieren que los Estados superen los viejos esquemas de presupuesto negociados de tipo “incrementales” y las fórmulas de financiación “rígidas” que no favorecen la identificación de las necesidades y coste básicos asociados al soporte económico de la gestión académica de las IES”.

En este sentido el papel de la AN esclave para promover nuevas fórmulas de financiamiento de las universidades que merecen todos los venezolanos. Es esencial contar con una nueva Ley de Universidades y si es posible con una Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, ya contemplada en la Ley Orgánica de Educación del 2009, sin perder de vista su papel histórico y su carácter de bien público que está por encima de cualquier interés particular de índole económico o político.

  1. Democracia Universitaria y Gobernabilidad

Uno de los planteamientos centrales realizados a la Comisión por todos los sectores entrevistados es el tema de la Democracia Universitaria, Elecciones y Gobernabilidad dentro de las casas de estudios superiores en Venezuela.

 

Resulta fundamental abordar en lo inmediato una salida a la actual situación de estancamiento en el ejercicio democrático y autonómico de las universidades, planteada como una batalla judicial entre las Comunidades Universitarias y sectores pro oficialistas que han desarrollado junto a un poder judicial (TSJ) obediente, no a la CRBV, sino a un proyecto político particular, una política de suspender elecciones de todo tipo (Autoridades, Gremiales, Cajas de Ahorro, Sindicales) dentro de las universidades, generando un clima de confrontación y afectando gravemente el sentido democrático de la participación en el destino de las casas de estudio, cuya autonomía está suficientemente fundamentada en todos los instrumentos jurídicos citados en las bases legales del presente informe menos en la LOE (2009) que carente de todo análisis en su art. 34 y aras de una presunta participación igualitarista, no equitativa, de todos los sectores y actores de la comunidad universitaria se atrevió a pasar por encima los principios y actores del art. (109) de la CRBV. Curiosamente en la mayoría de la Universidades -que son casi todas controladas por el gobierno y sin autonomía- tampoco se ha realizado un solo

 

proceso electoral válido, lo que conduce a pensar que existe preocupación incluso del mismo gobierno por este exceso de la LOE 2009 y que debe ser corregido.

 

Actualmente las universidades nacionales autónomas y experimentales que durante más de treinta  años  algunas  de  ellas,  eligieron  sus  autoridades  democráticamente  a  través  de diferentes modelos de participación con el voto de profesores y estudiantes, han sido sometidas por estas decisiones judiciales y la incongruencia de la LOE a un “interinato permanente” de sus autoridades electas, algunas de ellas hace más de 8 años, lo cual debilita de algún modo la gestión e impide el crecimiento y desarrollo interno de la necesaria democracia y gobernabilidad al poseer legitimidad de origen y ser legalmente interinas durante un periodo tan largo como insostenible en muchos casos.

 

Ramírez (2016) expresa esta situación en términos sencillos:“La situación actual de las universidades autónomas en cuanto a la renovación de sus autoridades por la vía electoral se encuentra estancada desde el año 2009, año cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE). En su artículo 34 la LOE introduce elementos que modifican de manera sustancial el concepto de comunidad universitaria establecido en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La Carta Fundamental deja claramente establecido quienes conforman la Comunidad Universitaria, veamos: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas (SIC), egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley” (Artículo 109, CRBV).

 

Ahora bien, mientras que en la constitución se establece que la comunidad universitaria está compuesta por profesores, estudiantes y egresados quienes tendrían la cualidad de ser quienes elijan a las autoridades universitarias, en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación,  se  amplía  al  personal  obrero  y  administrativo,  adjudicándoles  el  derecho  de participar en la elección de dichas autoridades tal como expresa el texto:

 

Artículo 34. En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales. La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:

 

    1. Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la ley.

 

    1. Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a las áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y tecnológica y el pleno desarrollo de los seres humanos.

 

    1. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria.

 

  1. Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribución, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por parte del consejo contralor, y externa por parte del Estado. El principio de autonomía se ejercerá respetando los derechos consagrados  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  la  Constitución  de  la República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del  Estado,  para  garantizar  el  uso  eficiente  del  patrimonio  de  las  instituciones  del

subsistema de educación universitaria. Es responsabilidad de todos y todas, los y las integrantes del subsistema, la rendición de cuentas periódicas al Estado y a la sociedad sobre el uso de los recursos, así como la oportuna información en torno a la cuantía, pertinencia y calidad de los productos de sus labores (Artículo 34 de la LOE).

 

Es indudable que tal alteración de la composición de la comunidad universitaria es inconstitucional. Se confunde el hecho de pertenecer a la comunidad de los trabajadores de la universidad que se desempeñan en el área administrativa, de servicios y de mantenimiento con la participación en la actividad académica que se debe llevar a cabo en estas instituciones, tal como reza el artículo 1 de la Ley de Universidades vigente, a saber, “La universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. Tal incongruencia de normas se ha intentado resolver a través de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 34 de la LOE introducido por la Universidad Central de Venezuela ante el TSJ en el año 2011, junto a recursos de nulidad e inconstitucionalidad introducidos por todas las universidades que son parte de AVERU ante las salas Electoral y Constitucional del TSJ quién hasta la fecha no ha respondido ninguno de tales recursos.

 

Ahora bien el artículo 34 de la LOE no solo altera la conformación de la comunidad universitaria prevista  en  la  CRBV,  sino  que  también  establece  que,  en  cuanto  a  la  elección  de  las autoridades universitarias, los votos de los estudiantes, de los egresados y del personal administrativo y obrero deben ser contabilizados uno a uno, en virtud que establece que a tales actores se les debe garantizar “el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos”, trasladando de manera automática al ámbito de las universidades autónomas el derecho a ser electos y ser elegido consagrado en la CRBV como uno de los derechos políticos de los venezolanos, obviando la naturaleza eminentemente académica de estas instituciones.

 

Un aspecto clave para entender la naturaleza de las instituciones se tiene en las instituciones sociales como la justicia o el ejército donde se debe poseer un conjunto de condiciones para ejercer la conducción no se elige un juez por votación popular de todos los trabajadores del tribunal, o en el ejercito se elige el general entre la tropa por votación, sería desnaturalizar estas

organizaciones, al igual que las instituciones profesionales como la salud y la educación que pueden poseer niveles de democracia pero que su vez garanticen su existencia y naturaleza propia, como las universidades.

 

Finalmente el tema del igualitarismo como sinónimo de igualdad y participación resulta errado y cuestionable, contar uno a uno cada miembro de la comunidad traería como consecuencia que participarían varios sectores de la comunidad universitaria, pero sólo uno (el estudiantil o los egresados según el caso) siempre mayoritario, sería siempre el que elegiría, los demás sólo votarían y sabemos hace mucho que votar no es siempre elegir en consecuencia participar efectivamente es elegir.,esto se logra sólo si no existe diferencia numérica entre sectores, esto es que cada sector aporte su capacidad de votar y elegirsinse avasallado por la mayoría numérica de otro sector.

 

Como salida a esta situación Ramírez (2016) propone:

 

“…la reforma parcial de la vigente Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 con el fin de ajustarlo a lo establecido en el artículo 109 de la CRBV. Tal reforma se propone ante la Asamblea Nacional en virtud de lo establecido en los artículos 203 y 218 en cuanto a la potestad del Poder Legislativo de modificar las leyes orgánicas a través de reformas totales o parciales.

 

La Reforma Parcial del artículo 34 de la LOE, proponemos vaya acompañada de la Reforma Parcial del artículo 30 de la Ley de Universidades vigente. Este artículo identifica quienes conforman el Claustro para elegir a las Autoridades Universitarias.

 

La reforma parcial que se propone es en el contenido de los numerales 1 y 2 de este artículo, el cual tiene que ver con la conformación del Claustro de profesores con derecho a voto y el porcentaje de alumnos que conforman el  Claustro. Se incorporan al claustro a los profesores instructores que hayan concursado. Se democratiza la participación en la elección de las autoridades universitarias, incorporando a este sector profesoral hoy excluido por mandato legal. Ahora bien, es un hecho que en nuestras   universidades la planta estudiantil tiende a

crecer rápidamente por el aumento de la población, pero el ritmo de crecimiento de la planta de profesores es más bien lento. Esto hace que la participación en la elección de las autoridades universitarias de los representantes estudiantiles que forman parte del Claustro, con el tiempo se vaya reduciendo o estancando a pesar de incrementarse el número de alumnos regulares en la universidad. Dicho de otra manera, es cada vez menor el número absoluto de estudiantes que forman parte del claustro en comparación con la totalidad de la población estudiantil ya que solo participan, de acuerdo a este artículo, una cantidad equivalente al 25% de la planta profesoral, lo que hace que el número de estudiantes tenga poca variabilidad a pesar del crecimiento constante del número de estudiantes en la universidad. Proponemos entonces elevar el mencionado porcentaje a un 50% para así garantizar elevar significativamente la participación estudiantil en la elección de las autoridades.

 

En este mismo orden de ideas se propone la Reforma Parcial del artículo 25 de la Ley de Universidades. Las razones que justifican esta propuesta se basan en la necesidad de que en los Consejos Universitarios participen representantes del personal administrativo y obrero, ya que en estos órganos colegiados se tratan materias que abarcan aspectos de carácter administrativo que ameritan el concurso de una representación de los trabajadores que aporte insumos para que las decisiones que se tomen en esa área cuenten con el criterio técnico de quienes son los encargados de garantizar el buen funcionamiento administrativo y del mantenimiento de las instalaciones de estas instituciones.

 

En la Reforma Parcial que se propone se incluye como miembro del Consejo Universitario al menos a un representante del personal administrativo y obrero quien ejercerá sus funciones por un año y será electo entre los integrantes de ese sector de los trabajadores universitarios.

 

Consideramos que estas reformas contribuirían a destrabar el tema de las elecciones de las universidades autónomas y la democratización en la toma de decisiones en esas instituciones. Cada  Universidad  en  su  reglamento  electoral  interno  establecerá  los  mecanismos  más expeditos para hacer operativos estos mandatos legales.

 

Como observación, finalmente cabe destacar que del anterior análisis en lo que toca a la actual Ley de Universidades estas materias y propuestas pueden y deben ser incluidas en la Nueva Ley no sólo de Universidades sino de Ley de Educación Superior (concepto más amplio, incluyente y cónsono con el desarrollo actual del conocimiento en la materia) que debe surgir de un amplio y democrático debate nacional propiciado desde ya, por parte de esta soberana Asamblea Nacional.

 

 

  1. Condiciones de Trabajo y Seguridad Social del Trabajador Universitario

Durante los últimos años el país ha podido constatar frecuentes conflictos laborales en las universidades nacionales públicas, que han derivado en paralizaciones parciales y totales de las mismas particularmente en los años 2011 2013 2015 2016 tales conflictos han involucrado, desde demandas de presupuesto para funcionamiento de parte de autoridades, demandas estudiantiles por becas, comedor, transporte, biblioteca, salud, en síntesis de condiciones mínimas para poder desarrollar el derecho a la educación en condiciones dignas y finalmente conflictos signados por demandas laborales de todos los trabajadores universitarios y profesores, quienes igualmente demandan condiciones de trabajo acordes a la elevada misión de mantener en funcionamiento la Universidad y garantizar no sólo la Formación del Recurso Humano para el desarrollo del país, sino además de las esenciales misiones de la universidad como son Investigación y Extensión, misiones estas que sintetizan la posibilidad de independencia tecnológica, formación del más calificado recurso humano, acceso al conocimiento y transformación en definitiva, del modelo económico y social que ha mantenido al país  en  la  dependencia  económica  de  manera  estructural  durante  toda  su  existencia republicana; por otra parte la Extensión como misión que debe garantizar de manera inmediata el  acceso  masivo  de  todos  los  sectores  del  país  a  los  bienes  del  conocimiento  Cultural, Científico y Tecnológico como fórmula eficaz para el avance y la justicia social que demanda nuestro pueblo.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus artículos 86 y 87, le asigna rango Constitucional al derecho al trabajo y la seguridad social, otorgando al estado el

 

deber ineludible de garantizar la adopción de medidas necesarias para satisfacerlos de manera eficaz y eficiente.

 

Asimismo, la Carta Magna impulsa cambios esenciales en legislaciones como el reciente Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, los cuales aun cuando materialmente fueron modificadas, su ejecución no se ajusta al deber de garantizar el cumplimiento del pacto social de 1999

 

Además de ello, Venezuela ha ratificados diferentes convenios internacionales en la materia como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, entre otros.

 

Desde que se inicia esta etapa institucional con la Constitución del año 1999 como marco del nuevo pacto social se impulsan de manera consecuente cambios esenciales en legislaciones como la LOPSTT anterior LOT, igualmente el marco de la LOSS que no ha sido desarrollada, entre otras deudas que aún no son capaces de garantizar el cumplimiento del pacto social de

 

  1. La confrontación  política  y  la  polarización  han  sido  la  norma  para  impedir  que  se produjera el necesario desarrollo de un marco que garantice el trabajo digno y de calidad con la adecuada protección y Seguridad Social de los trabajadores.

El trabajo como hecho social, es de los procesos más trascendentales para toda sociedad, pero en Venezuela posee un grave desfase normativo en todos los ámbitos incluyendo el Universitario. Sin duda parte de esta grave falta está vinculada a la intención y acción de imponer un proyecto de país que no está reflejado en la CRBV como lo es el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, que ha sido impuesto por la vía de los hechos y sin el consenso y/o comprensión de la mayoría del país, por otra parte una tradición institucional laboral acumulada que igualmente no ha podido adecuarse de manera efectiva a la realidad, no sólo constitucional sino además de los tiempos que vive Venezuela y el mundo, ha sido razón permanente de tensión  en  un  conflicto  que  no  ha  sido  capaz  de  producir  acuerdos  sino  aislamiento  y

 

radicalización estéril y tremendamente nociva para el país, lamentablemente el diálogo social entre trabajadores universitarios y gobierno ha sido precario o inexistente.

 

El mundo Universitario no ha sido consecuentemente a su naturaleza crítica parte a este proceso de confrontación y es ejemplo de la precariedad del diálogo social de trabajadores y gobierno. El ejecutivo nacional ha optado por desconocer las organizaciones y actores sociales laborales,  legales  y  legítimos  de  la  Universidad,  empleando  todos  los  recursos  del  poder Judicial, Ejecutivo y CNE, para crear de forma paralela organizaciones laborales, sindicatos y gremios afectos y obedientes al régimen, siguiendo una práctica autoritaria lamentablemente tradicional en el mundo educativo venezolano.

 

Estas antiguas y renovadas prácticas totalitarias, impiden el desarrollo democrático y la necesaria renovación de las instituciones gremiales y sindicales libres y autónomas, desnaturalizando  la  condición  de  tan  esencial  institución  del  trabajo  en  el  mundo  libre  y moderno. Con el interés de mantener lealtad sobre un presunto proyecto político socialista, ha generado un grave proceso de exclusión y apartheid a las organizaciones que no se declaran seguidoras y sumisas de su proyecto, violentando de manera flagrante no sólo la CRBV sino además pactos y tratados internacionales suscritos por la república y como tal ley de obligatoria aplicación en Venezuela este hecho en principio constituye en declaración de los actores consultados un eje fundamental de la confrontación y el conflicto en el sector laboral universitario.

 

Aunado al desconocimiento y exclusión de los actores legales y legítimos del sector laboral universitario se suma el cerco institucional, económico y político de las organizaciones que ejercen la representación de los trabajadores. A través de una institucionalidad precaria y obediente de un proyecto político y no del pacto social constitucional, se han cometido y cometen frecuentes exabruptos como la violación de la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales por ejemplo -aún vigente- las llamadas Convenciones Colectivas Únicas a través de la figura de la Normativa Laboral han obligado compulsivamente a sectores como los profesores a participar, pese a poseer históricamente estos un marco de contratación colectiva superior que indexa el salario como son las Normas de Homologación, plenamente vigentes

 

desde 1982. El gobierno califica de manera permanente a organizaciones legítimas que representan claramente la mayoría de los profesores como FAPUV con la excusa de no ser sindicatos, contraviniendo nuevamente principios universales y constitucionales. Producto de la lucha de calle y la inobjetable legitimidad de FAPUV el gobierno se ha visto en la necesidad de reconocerla, sin embargo, es precaria la relación de diálogo y frecuentemente el gobierno ha violentado acuerdos obtenidos tras muchas negociaciones que han tratado de salvaguardar a los estudiantes y la universidad misma.

 

Por otra parte organizaciones laborales históricas se han visto frecuentemente coaccionadas a “adaptarse” a las pautas del régimen para poder ser reconocidas permitiendo con base a este “reconocimiento selectivo” que se produzcan injusticias y vicios propios del apartheid y limitando seriamente su capacidad de defender los derechos de los trabajadores en luchas que deberían ser normales y consuetudinarias en una sociedad libre, ejemplo el cumplimiento de la contratación colectiva y las condiciones de trabajo que son absolutamente precarias no sólo en el presente momento sino desde hace años de manera progresiva. No hemos podido conocer esas condiciones de trabajo y desarrollo de las organizaciones que defienden los trabajadores universitarios de las llamadas universidades o proyectos de educación superior bolivarianos, por lo que esto constituye una tarea esencial a realizar en el futuro inmediato por parte de la AN a fin de poder generar un profundo debate sobre las condiciones de trabajo que deberían prevalecer en la universidad autónoma, libre, popular democrática y de calidad que precisa Venezuela.

 

Acciones Inmediatas

ƒ  Oficiar al MPPEU, (MPPTTPST Defensoría y Procuraduría) sobre una respuesta inmediata y urgente a la firma definitiva de la II CCU (2015-2016) que en teoría tiene una duración de dos años, con vigencia hasta el 2016 y aún no ha sido homologada por el Ejecutivo, tal situación  viola  el  derecho  a  la  contratación  colectiva  de  manera  efectiva  pues  los organismos garantes como el MPPTTPST no pueden tramitar legalmente acciones para la defensa del citado II CCU pues no ha sido legalizado de manera correspondiente.

 

ƒ  Tramitar ante las instancias correspondientes los casos presentados de desconocimiento de leyes y tratados internacionales sobre el derecho a la libre asociación de los trabajadores, la legitimidad de las organizaciones gremiales y sindicales desconocidas por el ejecutivo nacional durante los últimos años y por otra parte investigar la creación de sindicatos paralelos patronales como práctica que ha deteriorado aún más la situación dentro de la universidades.

 

ƒ  Exigir al Ejecutivo Nacional la inmediata aplicación de los acuerdos para la tregua alcanzada en Noviembre de 2015 con FAPUV en presencia de AVERU para producir la reanudación de las actividades docentes de aula en las universidades nacionales, interrumpidas por el proceso excluyente de negociación de la II CCU que produjo el ejecutivo.

 

ƒ  Operacionalizar un gran debate y consulta nacional sobre los pasivos laborales y el Sistema de         Seguridad   Social   de   los   Trabajadores   Universitarios   que   permita   garantizar progresivamente la sinceración de los presupuestos universitarios.

 

ƒ  Oficiar  a  las  instancias  correspondientes  las  denuncias  recibidas  por  parte  de  los trabajadores universitarios en materia del derecho a disfrutar la pensión del Seguro Social pues los trabajadores no pueden ser responsables de la burocracia y fallas que ha tenido tanto  las  universidades  como  el  MPPEU  y  el  SSO  para  garantizar  este  derecho constitucional se puede solventar dicha situación a través de un decreto único que permita resolver los casos que presentan algunas universidades con sus trabajadores.

 

ƒ  Realizar un estudio jurídico que permita establecer si se ha respetado la progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores a través de las contrataciones colectivas y decretos ejecutivos de aumento y otros beneficios socioeconómicos.

ƒ  Abordar  un  gran  debate  nacional  sobre  las  condiciones  de  trabajo  en  todas  las universidades venezolanas como marco referencial para futuras iniciativas legislativas en esta materia.

 

  1. Servicios y Providencias Estudiantiles

En informe realizado el mes de Febrero de 2016 y remitido al Diputado Miguel Pizarro el 19 de febrero, las diferentes unidades de desarrollo o bienestar estudiantil de las Instituciones de Educación Universitarias (IEU) de Venezuela agrupadas en la Comisión Permanente (CNU) de Directores de Desarrollo Estudiantil quienes como instancias que velan por la calidad de vida de los estudiantes, en concordancia con las políticas y lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior señalan que es responsabilidad directa de este organismo proveer a las IEU de presupuestos ajustados a la realidad del país. Son importantes los esfuerzos para establecer, de sus menguados presupuestos, recursos que complementen, por ejemplo, las denominadas providencias estudiantiles, que el Ejecutivo Nacional estipula a la atención del estudiante universitario.

 

De las diferentes reuniones realizadas por esta comisión con autoridades universitarias y luego de la revisión de sus aportes verbales y escritos, relacionados con este aspecto es preciso señalar que en cuanto a los Servicios de bienestar estudiantil en las IEU se tiene:

 

    1. Precariedad en la infraestructura de atención médica. Espacios destinados a la atención en salud, tales como consultorios médicos y odontológicos.

 

    1. Obsolescencia y/o inexistencia de insumos básicos para la atención médica integral de los estudiantes.

 

    1. En relación al recurso humano, el aumento progresivo de vacantes y la falta de reposición de cargos, se convierte en una carencia que merma la posibilidad de garantizar la atención y la calidad de los servicios estudiantiles.

 

  1. Becas, ayudantías y preparadurías: montos insuficientes, consumidos por la alta inflación que afecta al país. El anuncio efectuado por el Ciudadano Presidente de la República en el sentido de incrementar en un 100% las ayudas directas a los estudiantes (becas, ayudantías y preparadurías) durante el mes de Noviembre de 2015, aún no se ha materializado (Marzo

2016)y los estudiantes están exigiendo a las direcciones de bienestar estudiantil que se concrete dicho aumento.

 

    1. La imposibilidad de sostener el servicio de alimentación garantizada a través de los comedores estudiantiles. Causa principal: El presupuesto base estimado de acuerdo a la disponibilidad, en discordancia total con los precios reales del mercado. Caso UPEL: Monto destinado para cubrir el plato de almuerzo por estudiante: Bs. 113, colapso del comedor de ULA y UNET por nombrar algunas de las denuncias recibidas.
    2. Transporte: la situación del transporte, no escapa de las limitaciones y dificultades en el acceso a repuestos y la mínima cantidad de empresas o talleres que cumplan con las formalidades exigidas en la Ley de Contrataciones Públicas. En relación al estado de las unidades de transporte, en su mayoría se encuentran fuera de servicio por falta de insumos, repuestos, cauchos, baterías y recursos para las reparaciones.

 

Es pertinente mencionar, la situación de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES), adscrita al Ministerio para el Poder Popular de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, con las comisiones de salud de IEU, la cual tiene como finalidad fomentar y establecer como política de estado, actividades de promoción de la salud en el área médico-odontológico y reproductiva y prevención de enfermedades, así como también la atención mediante aportes económicos solidarios para casos de emergencias, atención médica y/o quirúrgica en forma electiva, maternidad, casos especiales y ayudas, como derecho social y reivindicación estudiantil, que permita apoyar la permanencia y culminación académica con éxito del proceso de formación de los futuros profesionales. Según la Memoria y Cuenta del MPPEUCT 2015, se atendieron a nivel nacional

 

4.214   casos,   correspondiente   a   estudiantes   universitarios   del   sector   público,   en   las modalidades de operaciones electivas, emergencias, ayuda solidaria y casos especiales. Esta afirmación, hecha por el propio MPPEUCT, refleja la baja capacidad de atención del Estado en relación a la población estudiantil nacional (2.622.000 cifras oficiales en revisión), lo que implica que sólo el 0.16% de los estudiantes universitarios fueron atendidos por la FAMES. Además de esto se observa la disminución de presupuesto para este año 2016 con respecto al 2015, lo que se pude observar en el siguiente cuadro:

 

Año Presupuesto Asignado
2015 265.710.027
2016 186.563.004

 

Esto demuestra que para este año 2016 se avecina una profundización de la crisis de tales servicios en la IEU lo que hace más insostenible la garantía del derecho al estudio con calidad.

 

Como propuestas concretas esta Comisión Especial dictamina:

 

ƒ  Dirigir comunicación pública al Ejecutivo Nacional en la persona del Ministro Arreaza a fin de que en lo inmediato se atienda esta situación con extrema prioridad dentro del conjunto de planteamientos que derivaran de esta Comisión, basados en los informes técnicos de sus propias instancias y de las Instituciones de Educación Universitaria, así como con las denuncias debidamente fundamentadas recibidas en esta Comisión.

 

ƒ  Remitir a la Comisión de Desarrollo Social de la AN la tarea de generar los debates y consultas así como las iniciativas legislativas correspondientes a fin de generar un marco normativo permanente para la atención y protección social del estudiante Venezolano en todos sus niveles, asumiendo el mandato constitucional de garantizar acceso a la educación de calidad a todos, pero igualmente la permanencia y culminación satisfactoria de la formación en el sistema educativo, garantía esta que sólo es posible con una adecuada protecciónsocieconómica del estudiante en todos sus niveles.

 

 

  1. Inseguridad en los Campus Universitarios Venezolanos

Con la inseguridad creciente a nivel nacional como en ninguna época del pasado reciente, sentida y vivida por cada venezolano, tal como lo señala el Global PeaceIndex (2015), donde Venezuela registra el nivel máximo considerado con respecto a: Criminalidad percibida en la sociedad, Ocurrencia de Homicidios, Manifestaciones violentas y Crímenes violentos, situando al país entre los 20 países menos pacíficos, ocupando la posición 142 entre 162 países evaluados. En este mismo orden de ideas, la encuesta Gallup (2014) en su Índice de Seguridad Ciudadana reportó a Venezuela como el país más peligroso de América Latina.

 

Esta realidad se expresa en la crítica situación de inseguridad que confronta la Universidad Venezolana donde se coloca en juego el resguardo de la vida y bienes de estas. La inseguridad en las instituciones universitarias es un problema urgente y complejo, dadas las presiones sociales, políticas y económicas, internas y externas a las cuales se ve sometida la comunidad universitaria, reflejadas y/o condicionadas por la carencia de medios y/o procedimientos legales para hacer frente de manera efectiva a la situación de inseguridad.

 

La problemática de la seguridad universitaria es, como se señala anteriormente, de naturaleza compleja y contempla diversos aspectos que afectan no sólo la integridad física y psicológica de sus miembros, sino también la preservación de los bienes e infraestructura, que en algunos casos, son parte del patrimonio cultural, nacional y hasta mundial de la humanidad: El 2 de diciembre de 2001 la Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y como tal incorporada en la lista correspondiente de ese Organismo de la ONU, sólo por citar un ejemplo.

 

Resulta difícil esconder el aumento progresivo de los actos delictivos que evidencian  la grave situación de inseguridad y vulnerabilidad que sufre la Universidad Venezolana, reportados en diferentes medios de comunicación del país:

 

  1. Continuos robos a mano armada por grupos delictivos organizados, suscitados dentro de aulas de clases y en los alrededores de los recintos universitarios. Donde despojan de pertenencias y equipos tecnológicos personales e institucionales (teléfonos celulares, computadores, proyectores de imagen, etc.)requeridos para el desarrollo de las actividades académicas, tanto a estudiantes como profesores y trabajadores de la universidad. Algunos ejemplos recientes (Octubre 2015- Marzo 2016):

Unergistas denuncian inseguridad en su casa de estudios

Profesores de la UDO dan clases a medias por inseguridad

Profesores de la Upel reportan constantes robos

Denuncian nuevo robo en Escuela de Ciencias Administrativas de la UDO

USB denuncia incremento de atracos en los últimos meses

Robos constantes: Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño

–  Hampa siembra el pánico en Universidad Simón Rodríguez

–  Segundo robo en la UCAB Guayana en menos de un mes

Desmantelamiento de la infraestructura universitaria materializado en hurtos y robos de laboratorios, salas computacionales, entre otros.

 

11 robos reportados en dos meses: El hampa cerró las puertas del instituto de medicina tropical de la UCV

–  Reportaron robo de 11 computadoras en la Universidad de los Andes.

 

–  Laboratorio de soldadura de la UPEL en Lara fue asaltado

 

  1. Ataques de represión contra estudiantes en ejercicio de su derecho a la justa protesta en reclamo de servicios de atención en materia alimentaria (comedores), salud, becas, infraestructura, etc.

Motorizados ponen fin a protesta estudiantil en la ULA

 

Estudiantes del UPTA trancaron La Victoria por inseguridad

 

Siete universitarios heridos en Aragua cuando GNB dispersó protesta por inseguridad

 

  1. Afectación de profesores y estudiantes en manos del hampa en adyacencias de recintos universitarios.

Estudiante herido en Balacera frente a la Urbe, en Maracaibo.

 

De una puñalada matan a profesor de la UDO para robarlo

 

Asesinado director de la Unefa en Carabobo por robo de anillo

 

Esta continua, insistente y creciente amenaza contra la Universidad Venezolana conlleva a manifestaciones irracionales por parte de una ciudadanía conminada a practicar la auto preservación como mecanismo único de defensa ante tal barbarie. Es así como se pueden enumerar hechos lamentables como los siguientes, reportados por diferentes medios de comunicación nacional:

 

Estudiantes linchan a ladrón que entró a robar en la UDO

 

Estudiantes intentaron linchar a ladrón en la Universidad de Carabobo

 

Lo anteriormente expuesto es una breve muestra del contexto del problema de seguridad que sufre la universidad toda en el marco de la actual coyuntura político-social del País. A pesar del gran esfuerzo que realizan las autoridades universitarias, ésta grave situación es una más de las aristas que conforma la crisis que aqueja a la Universidad Venezolana. Muchos son los esfuerzos que se han ejecutado desde las Casas de Estudio, bajo condiciones precarias de disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, cada día, mermados y consumidos por una inflación desbordante y por la insuficiencia presupuestaria que aqueja al sector. Hoy la dimensión de la inseguridad que se vive a nivel nacional y su repercusión en nuestras universidades exige la creación de un marco político-social e institucional que permita la atención inmediata basado en la corresponsabilidad a través de la participación, como elemento integrador que garantice acciones coherentes de todos los sectores involucrados (autoridades, docentes, empleados, obreros y estudiantes), debidamente articulados con los entes externos responsables de la seguridad pública, con miras a la construcción de macro políticas en materia de seguridad en el contexto universitario.

 

En este orden de ideas, la Universidad de Oriente (UDO 2016), propone dos estrategias complementarías para atacar de inmediato y con posibilidades de éxito, la situación de Inseguridad en las Universidades Nacionales Autónomas:

 

Primera estrategia: La estructuración de un Sistema Integral de Seguridad Progresivo, de acuerdo a las características y entornos específicos de cada Campus Universitario.

 

En este contexto, la Seguridad Integral dentro del recinto universitario es entendida como la convivencia pacífica y responsable donde todos los miembros de la comunidad procuren respetar los derechos individuales y colectivos de todos y cada uno de los integrantes, para mantener las libertades, resguardar la integridad física de las personas y los bienes de la Institución, a fin de que ésta pueda cumplir cabalmente con su función doctrinaria.

 

Un Sistema efectivo de Seguridad Integral Universitario debería incluir y articular los siguientes elementos de acción:

 

ƒ    Registros sobre las amenazas y sobre las defensas existentes.

 

ƒ    Mecanismos de difusión de información y opiniones.

 

ƒ  Mecanismos de participación responsable de la comunidad universitaria en las denuncias, el control, el apoyo solidario y el manejo adecuado de situaciones de emergencia.

 

ƒ    Procesos de evaluaciones periódicas y participativas de la situación de seguridad.

 

ƒ  Existencia  de  una  dirección  de  seguridad  y  un  cuerpo  de  vigilantes,  formados  y comprometidos con una perspectiva compartida sobre la seguridad.

 

ƒ  Mecanismo de articulación con la fuerza pública, para su participación legal en el recinto universitario.

 

ƒ  Usos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) para optimizar los procesos y respuestas del sistema.

 

ƒ  Tal como se ilustra en la Figura 1, un Sistema Integral de Seguridad para las Universidades Autónomas debe ser diseñado para atender un conjunto de aspectos interdependientes, que pudieran ser desarrollados en forma progresiva pero coherente.

 

Segunda estrategia: El desarrollo de un Proyecto de Investigación-Acción que permita implementar un Sistema Integral de Seguridad fundamentado en la participación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria.

 

A través de esta segunda estrategia se propiciaría un amplio campo de comunicación e interacción de los diferentes factores y sub-comunidades que hacen vida en la Institución, los cuales deben estar involucrados en la estructuración e implementación del Sistema Integral de Seguridad.

 

Los principales objetivos del Proyecto de Investigación-Acción que serviría de base para desarrollar el Sistema de Seguridad Integral serían:

 

ƒ  Contribuir  al  diseño  de  estrategias  de  seguridad  integral  con  la  participación  de  la comunidad universitaria.

 

ƒ    Impulsar la construcción de un modelo colectivo de seguridad integral en las universidades.

 

ƒ  Incentivar la participación de la comunidad universitaria en la defensa de sus derechos y en la protección y resguardo de los bienes de todos.

 

Como  estrategia  para  recoger  la  información  necesaria  y  al  mismo  tiempo  activar  la participación de los miembros de la comunidad universitaria, se sugiere la ejecución de talleres en las diferentes dependencias y espacios académicos y administrativos, con la finalidad de formar los grupos multiplicadores y establecer los vínculos que posibiliten la estructuración y posterior implementación del Sistema de Seguridad Integral.

 

FIGURA 1.ELEMENTOS DE ACCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

 

En la estructuración del proyecto Investigación-Acción, las TIC se convierten en un instrumento fundamental para desarrollar las redes de seguridad, los sistemas de registro de amenazas, los programas informativos y formativos, que aparecen como componentes fundamentales del Sistema de Seguridad Integral.

 

La puesta en marcha de las acciones para la estructuración e implementación del Sistema Integral de Seguridad, debe ser asumida por cada Universidad, de acuerdo con sus recursos y características.

 

En atención a lo anteriormente expuesto, es de interés de la Comisión Especial AN para el

Sector Universitario, proponer las siguientes acciones:

 

    1. Revisión del marco jurídico nacional relacionado a la preservación de la seguridad en los recintos universitarios  a  fin  de  garantizar  la  autonomía  universitaria  en  el  diseño  de proyectos en la materia.

 

    1. Exigir al Estado venezolano la garantía de la seguridad de la comunidad universitaria, sujeta a la asignación de los medios y recursos necesarios como apoyo a cada una de las Casas de Estudio del país.

 

    1. Recomendar a las Universidades del país, la estructuración de un Sistema de Seguridad Integral en el contexto de sus necesidades prioritarias, estimando los costos para su diseño e implementación, a través del cual pueda atender en forma inmediata su particular situación de inseguridad.

 

  1. Atención y seguimiento en la AN a través de la Comisión Permanente de Política Interior de los casos y de los Sistemas de Seguridad Integral propuestos por las universidades del país para la adjudicación de créditos para su diseño e implementación.

 

Fuentes Consultadas: Inseguridad en Instituciones Universitarias

 

 

Latin America Scores Lowest on Security. (19 de Agosto de 2014). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de Gallup

 

Inc: http://www.gallup.com/poll/175082/latin-america-scores-lowest-security.aspx

De una puñalada matan a profesor de la UDO para robarlo. (2 de Septiembre de 2015). Recuperado el 2016 de

 

Marzo de 2016, de La Prensa de Monagas: http://lasaeta.com.ve/?p=1914

 

Segundo robo en la UCAB Guayana en menos de un mes. (04 de Diciembre de 2015). Recuperado el 15 de Marzo de 2016, de Correo del Caroní: http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/40138-segundo- robo-en-la-ucab-guayana-en-menos-de-un-mes

 

11 robos reportados en dos meses: El hampa cerró las puertas del instituto de medicina tropical de la UCV. (09 de Marzo                de      2016).      Recuperado      el      16      de      Marzo      de      2016,      de      Aporrea: http://www.aporrea.org/ddhh/n287103.html

 

Asesinado director de la Unefa en Carabobo por robo de anillo. (29 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de Panorama.com.ve: http://www.panorama.com.ve/sucesos/Asesinado-director-de-la- Unefa-en-Carabobo-por-robo-de-anillo-20160229-0026.html

 

Denuncian nuevo robo en Escuela de Ciencias Administrativas de la UDO. (08 de Marzo de 2016). Recuperado el

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Estudiantes linchan a ladrón que entró a robar en la UDO. (28 de Enero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de

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Profesores de la Upel reportan constantes robos. (02 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de        El    Periodiquito.com:    http://www.elperiodiquito.com/article/213020/Profesores-de-la-Upel-reportan- constantes-robos-

Reportaron robo de 11 computadoras en la Universidad de los Andes. (29 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de        Marzo    de    2016,    de    Informe21.com:    http://informe21.com/actualidad/reportaron-robo-de-11- computadoras-en-la-universidad-de-los-andes

 

Robos constantes: Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. (25 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de Nueva Prensa: http://www.nuevaprensa.com.ve/Estudiantes del Santiago Mari%C3%B1o rechazan aumento en la matr%C3%ADcula#sthash.eqaC5Ohy.dpuf

 

Robos constantes: Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. (25 de Febrero de 2016). Recuperado el 15 de               Marzo            de            2016,            de            Nueva            Prensa            de            Guayana: http://www.nuevaprensa.com.ve/Estudiantes%20del%20Santiago%20Mari%C3%B1o%20rechazan%20au mento%20en%20la%20matr%C3%ADcula

 

Siete universitarios heridos en Aragua cuando GNB dispersó protesta por inseguridad. (11 de Marzo de 2016).

 

Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de El Nacional: http://www.el-nacional.com/regiones/Estudiantes- delincuencia-robos-asesinatos_0_809319305.html

Unergistas denuncian inseguridad en su casa de estudios. (19 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de El Tubazo Digital.com: http://www.eltubazodigital.com/noticias-de-venezuela/sucesos- guarico/unergistas-denuncian-inseguridad-en-su-casa-de-estudios/

 

USB denuncia incremento de atracos en los últimos meses. (19 de Febrero de 2016). Recuperado el 16 de Marzo de 2016, de Ultimas Noticias: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/usb-denuncia- incremento-de-atracos-en-los-ultimos-.aspx#ixzz43C33StgG

 

Peace,  I.  f.  (s.f.).  Vision  of  Humanity.  Recuperado  el  17  de  Marzo  de  2016,  de  Global  Peace  Index:

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index

  1. LOCTI Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología

Dentro de los planteamientos recibidos por las autoridades universitarias y los profesores se insistió en el tema de la urgente reforma de la LOCTI, por estar vinculada profundamente a las universidades como centros fundamentales del quehacer científico y tecnológico de Venezuela.

 

Las demandas de los universitarios exigen la reforma por razones de la propia crisis que ha generado  la  absoluta  centralización  de  recursos  en  un  organismo  burocrático  como  el

FONACYT en la producción científica de Venezuela, este ente sin ningún control estadal o profesionalizado, dictamina qué y cuánto se asigna a la producción de conocimientos y tecnologías, limitando seriamente el desarrollo de la ciencia en unas universidades desprovistas de recursos regulares del presupuesto para esta actividad fundamental y estratégica para el país.

 

En virtud de esto un calificado grupo de expertos, científicos e investigadores presentaron a esta Comisión una propuesta razonada de reforma LOCTI que puede contribuir en lo inmediato no sólo al impulso de la Ciencia y Tecnología sino además a la recuperación de Centros de Investigación, Investigadoresy aportes directos de recursos a las Universidades por parte de las empresas públicas y privadas,generando una reactivación económica importante de sectores estratégicos  en  Venezuela  para  la  superación  de  la  crisis.  Compartimos  la  exposición  de motivos del proyecto de reforma y la visión de este respetable grupo de venezolanos sobre esta materia sin que ello implique en modo alguna que sea la única válida o aceptable.

 

“PROPUESTA DE REFORMA DE LA LOCTI 2014

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FEBRERO 2016

 

En este documento se plantea la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que fue decretada por vez primera en 2001 y que ha sido reformada en tres oportunidades (2005, 2010 y 2014). La reforma de la LOCTI en 2005 constituyó un avance en la intención de relacionar directamente al sector productivo con las universidades e institutos de investigación del país. La reforma del año 2010 (LOCTI 2010) no corrigió los detalles muy puntuales que llevaron a cuestionar y eventualmente a reformar la LOCTI 2005. Muy por el contrario,  la  LOCTI  2010  eliminó  la  posibilidad  de  que  a  través  de  este  marco  jurídico  y financiero las empresas y los centros de investigación científica y tecnológica se relacionaran directamente. La LOCTI 2014 agravó la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) hasta hacerla prácticamente inviable para Venezuela.

 

El entramado ideológico de la LOCTI 2014 con otras leyes del país.

 

La LOCTI 2014 forma parte de una aparente red de redes con otras leyes promulgadas durante al menos un decenio, especialmente las de última hora del año 2015. El propósito aparente no sería otro que el de hacer menos vulnerable la reforma legal a cualquiera de esas leyes conectadas ideológicamente entre sí. De esa forma permanecería intacta la centralización absoluta de un control social centralizado bajo la orientación explícita o tácita de un plan nacional. Es por ello que además de la LOCTI 2014, en el corto plazo también será necesario examinar con detenimiento y en conjunto otras leyes que tienen que ver con la CTI y el desarrollo del país, tales como la Ley de Semillas; y las Leyes Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras; Infogobierno; Interoperabilidad; Telesalud; Ambiente y Diversidad Biológica; entre otras.

 

Vicios de la LOCTI 2014.

 

La LOCTI 2014 promueve la concentración, ideologización y subordinación de la actividad de CTI ante un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que, a su vez, es consecuencia directa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (conocido como el Plan de la Patria). Tal despropósito establece que solo pueden realizarse actividades de CTI que estén enmarcadas en áreas prioritarias no siempre cónsonas con el desarrollo del país y relacionadas más bien con objetivos políticos ajenos a la Constitución Nacional, además de excluir el apoyo a la realización de ciencia básica y fundamental. La centralización e ideologización están claramente plasmadas en sus Arts. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30,

 

32, 33, 34, 35, 37 y 40.

La LOCTI 2014 también pauta estructuras inadecuadas y ajenas a la CTI, tales como las comunas y los cultores de la ciencia (sic) que reemplazan a los centros de investigación científica y a los propios investigadores científicos o tecnológicos, respectivamente (Arts. 8, 31,

 

32, 33, 34, 35 y 36). Esto conlleva a la desprofesionalización de la actividad científica y tecnológica, con graves consecuencias en la generación de conocimiento a escala nacional. La ley del 2014, igualmente, limita la cooperación internacional del país a través de sus centros

científicos y sus investigadores, al imponer requerimientos inadecuados para los permisos que debe otorgar el Gobierno Nacional para llevar a cabo la cooperación internacional (Arts. 9 y 16).

 

La LOCTI 2014 cercena el derecho a la propiedad intelectual de las innovaciones e invenciones conseguidas por actividades realizadas en el país. Asimismo, se establece en esta ley que el Gobierno podrá apropiarse indebidamente de información estratégica aun cuando esta obviamente tenga carácter confidencial por su valor competitivo. Todo ello en detrimento del desarrollo industrial y tecnológico de Venezuela (Arts. 13 y 20).

 

Finalmente, la opacidad administrativa tiene un papel central en la LOCTI 2014. Toda norma pautada está sujeta a la ideología y principios rectores del Gobierno Nacional, quien, a través de esta Ley, está facultado de manera poco transparente para coordinar, diseñar, controlar, orientar, administrar, evaluar y decidir sobre cualquier actividad de carácter científico y tecnológico que se realice en el país (Arts. 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 y 27).

 

Principios para la propuesta de reforma de la LOCTI 2014

 

La reforma que se propone en este documento tiene por objeto: (1) impulsar la productividad nacional y (2) rescatar las capacidades en CTI de las empresas, universidades, centros de investigación y organismos del Estado. Para el logro de estos objetivos se propone en la presente reforma, entre otros, el desmontaje del control ideológico por medio de la (a) eliminación de condicionamientos relacionados al Plan de la Patria, (b) definición de prioridades nacionales de ciencia y tecnología sin sesgos ideológicos, c) transparencia pública de los aportes y el manejo de los recursos, y (d) promoción de la relación efectiva Estado-Academia- Industria.

 

La presente propuesta de reforma de la LOCTI 2014 fue ampliamente consultada y tiene el apoyo de una parte importante de los actores interesados y relacionados al sector CTI del país. En efecto, cuenta con el soporte de varias de las federaciones y asociaciones de empresarios como  Fedecámaras,  Conindustria,  Cavidea,  Cavedatos,  entre  otros,  de  la  Asociación

Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) en representación de las universidades autónomas y de investigadores de las universidades y centros de investigación del país.”

 

En síntesis los recursos LOCTI de manera directa pueden y deben contribuir con el desarrollo de la investigación especialmente en el ámbito universitario y se constituye en un debate que debe ser remitido de manera natural a la Comisión permanente de Ciencia y Tecnología, quién sin duda alguna debe apoyarse en el ámbito universitario para alcanzar rápidamente los consensos necesarios para impulsar una LOCTI que apoye a las universidades para salir de su actual crisis.

 

Conclusiones y Recomendaciones

 

Después de la revisión de los más importantes nudos críticos del sector universitario y del encuentro productivo con sus más variados representantes, nos permitimos presentar las siguientes recomendaciones de modo conclusivo:

 

  1. Aprobar un nuevo instrumento jurídico que norme al sector universitarioconforme a los principios de autonomía contenidos en la CRBV, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, considerando que en el Artículo 35 de la LOE (2009)  se dispone el mandato de crear una nueva normativa, destinada al sector universitario, que permita hacer frente a las realidades y necesidades del mismo. En efecto, dicha norma dispone: “Artículo  35: La educación universitaria estará regida por leyes especiales (Todas en MORA) y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a: 1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria (sic)(SUPERIOR). 2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos. 3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación universitaria. 4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema. 5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera(SIC), así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema. 6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño. 7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales. 8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello.

Igualmente se contempla en la Disposición Transitoria Segunda de esta LOE (2009) que al año siguiente de dictada la misma, debían dictarse las leyes especiales, entre ellas, las que rige el sector universitario, mandato éste que por tanto debió materializarse en el año 2010, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo, siendo por tanto deber de esta Asamblea Nacional electa, cumplir con este mandato y proceder a la aprobación de la normativa legal del caso, que necesariamente deberá ser materializada a través de la aprobación de una Ley Ordinaria, que desarrolle los mandatos y principios establecidos en la Ley Orgánica que le sirve de marco normativo, esto es, la Ley Orgánica de Educación, conforme a lo previsto en el artículo 203 d la CRBV. Esta nueva ley de Educación Superior contemplaría de forma particular entre otros los siguientes aspectos:

 

  • Que todos los docentes que hayan ingresado por concurso así como todos los estudiantes regulares puedan participar en la elección de las autoridades rectorales sin que exista diferencia numérica entre sectores. Cada sector (Estudiantes, Profesores, y Egresados) participaría equitativamente como establece el 109 de la CRBV., considerando la participación de trabajadores administrativos y obreros en tales elecciones dentro del debate como parte esencial de la comunidad universitaria.
  • Que dé cabida  a  la  figura  de  los  trabajadores  de  servicio  y  empleados administrativos en los Consejos Universitarios, y en las materias que los afecten directamente, en los órganoscorrespondientes de la gestión universitaria.
  • Que contemple el principio de la evaluación permanente de la gestión académica, sus resultados y   la   vinculación   con   los   costes   y/o   recursos   consumidos, incentivando la cultura de rendición de cuentas y resultados como criterio de calidad y eficiencia.
  • Elaborar un marco normativo tributario queincorpore el compromiso ciudadano tributario de los egresados de las universidades públicas, como parte de sus responsabilidades ciudadanas, para contribuir al desarrollo de estas instituciones.
  • Que permita a las Instituciones de Educación Superior procurar fuentes propias de financiamiento (Doctrina Bolívar- Vargas: Estatutos Republicanos)9.
  • Que propicie la  diversificación  de  las  fuentes  de  financiamiento  del  sector universitario a efectos de no depender exclusivamente del presupuesto nacional.

 

 

  1. Sincerar y derivar gastos recurrentes calculados como presupuesto universitario, apuntamos la necesidad urgente de que el Ejecutivo de gobierno incremente el presupuesto aprobado para este año 2016 y en lo sucesivo, de acuerdo a las necesidades técnicas planteadas por la universidades . el gobierno debe someter a revisión inmediata igualmente la metodología aplicada por OPSU para el cálculos de dichos presupuestos, garantizando el funcionamiento y justo tratamiento de las necesidades así como el efectivo control y rendición de cuentas..Para contribuir con el mejor uso de los recursos asignados se exige al ejecutivo la derogatoria o modificación del decreto 2.198 sobre compras centralizadas, que hace aún más difícil y burocratizado la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las universidades .Es urgente la elaboración y presentación en conjunto de las Universidades y el ejecutivo nacional de un plan especial de inversión, recuperación y adecuación de la planta física y equipamiento de las instituciones universitarias. De manera progresiva se debe consultar, diseñar y consolidar un Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores Universitarios que cumpla con los derechos adquiridos y sea sustentable y sostenible en el tiempo. Existen numerosos trabajos de expertos que aportan valiosa opinión al respecto y coinciden en muchos aspectos independientemente de su postura ideológica
  1. Activar y coordinar un gran debate y consulta nacional sobre los pasivos laborales y el Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores universitarios y en general de los trabajadores venezolanos, vista la grave mora y vacío existente..

 

 

9).La crisis económica y productiva actual es una oportunidad para permitir a las universidades manejar cualquier cantidad de empresas y explotaciones económicas de todos los sectores económicos, abandonadas e improductivas que se encuentran en manos del estado o de particulares.

 

  1. Propiciar la reforma de la LOCTI con el propósito de que las universidades puedan, junto a las empresas públicas y privadas del país desarrollar Ciencia y Tecnologíapara poner al servicio del país en todos los campos que de manera urgente ameritan atención, logrando que tal cual lo establecía dicha Ley en sus versiones y doctrina originales, permitan a las instituciones científicas y universitarias nuevamente captar directamente recursos del sector productivo público     y     privadopara     invertir     en     la     investigación     científica     y tecnológica.Descentralizar estos recursos del FONACYT quién de manera arbitraria ha terminado monopolizando el sector privilegiando financieramente lo que un reducido grupo considera debe ser investigado u objeto de conocimiento, causando grave perjuicio a la producción científica del país desde que se produjo tal centralización y una importante e irrecuperable pérdida de recursos humanos en investigación migrados a otros países o sectores privados, tal como lo señalan informes regionales de la UNESCO y otros organismos en esta materia.
  1. Para poder realizar elecciones democráticas y libres en las instituciones universitarias venezolanas se propone reformar parcialmente la vigente LOE en su Artículo 34 con el fin de ajustarlo a lo establecido como principio de autonomía en el Artículo 109 de la CRBV. Tal reforma se propone ante la AN en virtud de lo establecido en los Artículos 203 y 218 en cuanto a la potestad del Poder Legislativo de modificar las leyes orgánicas a través de reformas totales o parciales. Esta reforma permitiría evitar el actual control político del Tribunal Supremo de Justicia sobre la autonomía universitaria, quién so pretexto de interpretación de dicho artículo 34 LOE ha impedido de manera política la renovación democrática de las autoridades universitarias en todos las universidades nacionales y en todos los niveles de la gerencia universitaria, con lo cual se ha creado en algunos casos, una evidente situación de ingobernabilidad, y en todos, una situación de desgaste de las autoridades electas, algunas hasta con 10 años en su ejercicio. Paradójicamente, el modelo impuesto a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2009), de una supuesta participación igualitaria de todos los sectores, tampoco se ha podido aplicar en las llamadas “Universidades Bolivarianas” -creadas sólo de nombre la mayoría- y controladas por el gobierno, algunas hace 15 años, por el contrario el modelo predominante en ellas ha sido

 

más bien el discrecional nombramiento y remoción de autoridades haciendo uso de nefastas y muy antiguas prácticas autoritarias contra la institución universitaria.

 

  1. Oficiar al MPPEU, (MPPTTPST Defensoría y Procuraduría) sobre una respuesta inmediata y urgente a la firma definitiva de la II CCU (2015-2016) que en teoría tiene una duración de dos años, con vigencia hasta el 2016 y aún no ha sido homologada por el Ejecutivo, dado que tal situación viola el derecho a la contratación colectiva.

 

  1. Tramitar ante las instancias correspondientes los casos presentados de desconocimiento de leyes y tratados internacionales sobre el derecho a la libre asociación de los trabajadores, la legitimidad de las organizaciones gremiales y sindicales desconocidas por el ejecutivo nacional durante  los  últimos  años,  por  otra  parte  investigar  la  creación  de  sindicatos paralelos patronales como práctica que ha deteriorado aún más la situación dentro de la universidades.

 

  1. Exigir al Ejecutivo Nacional el inmediato cumplimiento de los acuerdos para la tregua alcanzada en Noviembre de 2015 con FAPUV en presencia de AVERU, para producir la reanudación de las actividades docentes de aula en las universidades nacionales, interrumpidas por el proceso excluyente de negociación de la II CCU que produjo el ejecutivo.Para toda la comunidad universitaria el ejecutivo se comprometió a enviar los recursos de manera inmediata para a hacer posible las condiciones de funcionamiento de la universidad: planta física, equipamiento, servicios y bienestar estudiantil Tales acuerdos para el sector  profesoral  incluían  como  principio  de  no  discriminación:  la  prima  de Antigüedad como la poseen todos los trabajadores universitarios, , el respeto a la interescala salarial, la instalación en el mes de marzo de la Comisión de Seguimiento de la II CCU para revisar entre otros aspectos la aplicación de la cláusula de Contingencia que permitiría ajustar el salario de los universitarios previendo la grave inflación de este año 2016 y 2017.

 

  1. Remitir a  las  instancias  correspondientes  las  denuncias  recibidas  por  parte  de  los trabajadores universitarios en materia de violación del derecho a disfrutar de la pensión del Seguro Social. Los trabajadores no pueden ser responsables de las fallas burocráticas que

se encuentren presentes tanto en las universidades como en el MPPEU y el SSO. Este derecho constitucional se puede garantizar a través de un decreto único del ejecutivo que permita resolver los casos que presentan algunas universidades con sus trabajadores.

 

  1. Ordenar a la Comisión Permanente de desarrollo Social de la AN la realizaciónde un estudio jurídico que permita establecer si se ha respetado la progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores a través de las contrataciones colectivas y decretos ejecutivos de aumento y otros beneficios socioeconómicos de los trabajadores universitarios en los últimos 15 años.

 

  1. Exigir al Ejecutivo  Nacional  que  reconozca  la  vigencia  y  validez  de  las  Normas  de Homologación como mecanismo de dignificación salarial de los universitarios, así como todos los instrumentos y acuerdos que beneficien y mejoren al trabajador.

 

  1. Dirigir comunicación pública al Ejecutivo Nacional a fin de que en lo inmediato se atienda la grave situación de los Servicios de Bienestar Estudiantil de todas las Instituciones de Educación Superior, situación que amerita extrema prioridad dentro del conjunto de planteamientos que derivan de esta Comisión, basados en los informes técnicos de sus propias instancias y de las Instituciones de Educación Universitaria, así como con las denuncias debidamente fundamentadas recibidas en esta Comisión.

 

  1. Remitir a la Comisión permanente de Desarrollo Social de la AN una propuesta para generar un marco normativo permanente sobre laatención y protección social del estudiante venezolano en todos sus niveles, que derive en una LEY DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. Con esta ley se reivindicarían los logros históricos del movimiento estudiantil venezolano asumiendo el mandato constitucional de garantizar el acceso a la educación de calidad para todos y la permanencia y culminación satisfactoria de la formación en el sistema educativo conforme a los principios de equidad e igualdad de oportunidades y derechos; todo lo cual será posible sólo con una adecuada protección social y económica del estudiante.

 

  1. Remitir a la Comisión permanente de Política Interior justicia y Paz de la AN, una solicitud de revisión del marco jurídico nacional relacionado con la preservación de la seguridad en los recintos universitarios a fin de formular los instrumentos legislativos necesarios para garantizar la seguridad interna y la Autonomía de nuestras universidades

 

  1. Exigir al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a que formalice la creación y fundamentación de la instancia coordinadora de las políticas de seguridad en los recintos universitarios.

 

  1. Exigir al Ministerio Público la activación de los mecanismos institucionales correspondientes para enfrentar la situación de violencia e impunidad contra la integridad de los universitarios y el patrimonio de las universidades.

 

  1. Exigir al Estado venezolano la garantía de la seguridad de la comunidad universitaria, sujeta a la asignación de los medios y recursos necesarios como apoyo a cada una de las Casas de Estudio del país.

 

  1. Recomendar a las universidades del país la estructuración de un Sistema de Seguridad Integral en el contexto de sus necesidades prioritarias, estimando los costos para su diseño e implementación, coordinados con el ejecutivo de gobierno a través de las instancias correspondientes.

 

  1. Brindar atención y seguimiento a través de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN de los casos y de los Sistemas de Seguridad Integral propuestos por las universidades del país para la adjudicación de créditos para su diseño e implementación.

 

  1. Consignar el Proyecto de la LOCTI recibido en esta Comisión Especial a las instancias correspondientes de la AN para su impulso definitivo.

 

  1. Mantener el trabajo de promoción y coordinación del debate público, seguimiento de las propuestas presentadas en este informe y acompañamiento del Sector Universitario en

Venezuela. En este sentido se desarrollará una agenda que permita concretar las directrices de este informe. A través de las Comisiones correspondientes de esta AN.

 

  1. Se exhorta a las universidades a optimizar los mecanismos de representación de todos los sectores de la universidad y la organización interna de las instituciones,que permitan dar respuestas a las demandas una universidad. democrática, participativa y moderna.

 

  1. Renovar la representación de la AN ante el CNU( Consejo Nacional de Universidades) y todos las instancias del sector universitario donde el poder legislativo tenga presencia.

 

  1. Exhortar al CNU y al resto de las instancias gubernamentales del sector universitario a renovar las representaciones profesorales y estudiantiles, a fin de preservar su legitimidad y fortalecer la institucionalidad de los mismos.
  1. Un tema de especial interés para esta comisión es el de la autonomía universitaria, la cual se encuentra claramente establecida en el Artículo 109 de la CRBV, donde se establece que las universidades experimentales también podrán alcanzarla, conforme a los parámetros establecidos en la ley. El caso es que todavía hoy se constata la existencia de instituciones universitarias de gran alcance, trayectoria y prestigio, ancladas en su experimentalidad después de décadas de probada excelencia académica. En efecto, las universidades experimentales han demostrado por décadas su “funcionalidad” y constituye un flagrante atropello que hoy en día se encuentren administradas no bajo parámetros académicos, sino político-partidistas de turno. El Ejecutivo Nacional es quien designa sus autoridades en la mayoría de ellas, pese a que fueron las Universidades Experimentales las primeras en Venezuela en elegir por voto directo a sus autoridades. El Ejecutivo en muchos casos interviene sobre su presupuesto, sobre personal, dictamina sus planes de estudio, etc., lo cual en nada propende a la autonomía que deben lograr las mismas, tal como lo dispone el propio Artículo 10 de la Ley de Universidades vigente. Es por ello que esta AN asume apoyar el   proceso   de   institucionalización   de   la   autonomía   de   las   Universidades Experimentales                (especialmente   las   intervenidas)   y   de   las   politécnicas   territoriales, impulsando los instrumentos legislativos y de control conforme a lo dispuestopor la CRBV y

en  el  ordenamiento  legal  vigente  junto  con  la  participación  y  control  de  los  diferentes organismos del Estado.

 

  1. Exigir al Ejecutivo de gobierno el respeto a la autonomía universitaria para elaborar sus políticas de ingreso, en consenso con las políticas públicas del estado y las necesidades del país, evitando medidas compulsivas de asignación de estudiantes a universidades que no cuentan muchas veces con las condiciones para atenderlos dignamente, violentado esto un ingreso equitativo de oportunidades ,respaldar institucionalmente a las universidades en la apertura de un debate para orientar y administrar los procesos de admisión y prosecución estudiantil.
  1. El 03 de  Noviembre  de  2015  la  extinta  AN  emitió  un  Acuerdo  contra  la  Universidad Venezolana nacional y autónoma, presuntamente rechazando la paralización de las universidades pero fundamentado en un conjunto de considerandos falaces como afirmar que “Este es el único gobierno que en 50 años le ha otorgado recursos a las universidades para su desarrollo institucional”.Incitando al odio contra las universidades por parte de sus partidarios políticos y la comunidad nacional señalando a la universidad como culpable de la crisis económica y culpable de conspirar contra el gobierno nacional es un acuerdo abundante de calificativos y de ignorancia, que claramente pretendió, sin lograrlo, generar odio y violencia contra los universitarios y la universidad, criminalizando el derecho a la protesta y sometiendo la institución universitaria al escarnio público.En virtud de lo cual para esta AN se hace un deber ético, junto al espíritu de este informe, reivindicar a la Universidad NacionalVenezolana libre y democrática como la institución que ha soportado y soporta los más brutales ataques por ser espacio de libertad de opinión y crítica.En tanto se propone derogar el Acuerdo de la AN de fecha 03 de noviembre de 2015 en contra de las universidades. Presentar y aprobar en plenaria un Acuerdo que reivindique la importancia de todas las Universidades Venezolanas para el futuro del país.
  1. Exhortar al Ejecutivo  Nacional  a  reconocer  y  asumir  el  invalorable  aporte  que  las universidades podrían brindarle en las tareas de enfrentar los graves problemas que hoy sufrimos los venezolanos, resaltando la histórica pertinencia social de la Universidad Venezolana.
  1. Reconocer la importancia de la contribución de la universidad venezolana en las luchas por la libertad, la democracia y la justicia en Venezuela.

ACTA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL

 

En  Caracas,  Palacio  Federal  Legislativo,  primera  Vicepresidencia,  salón  Zamora  en fecha  05 de abril de 2016 a las 11:00 am, previa convocatoria, concurren a la instalación de la sesión ordinaria de la Comisión Especial para el Sector Universitario creada en la plenaria de la Asamblea Nacional el Jueves 14 de enero de 2016 con el mandato de “…prolongar el debate a la comunidad universitaria convocando a todos los sectores a esta Asamblea Nacional para que presenten soluciones constructivas en función de las universidades”. Verificado el Quorum correspondiente   por   parte   del   secretario   de   la   Comisión   prof.   Robert   Rodríguez   el vicepresidente de la Comisión Diputado Miguel Pizarro procede a someter a consideración de la comisión cada una de las veintinueve conclusiones y recomendaciones del informe resultando APROBADO POR MAYORIA en los numerales 1,2,3,4,5,6,7,812,13,16,17,18,26,27,28, y POR UNANIMIDAD en los numerales 29,24,23,22,21,20,19,15,14,11,10,9 La sesión de la comisión concluyó a la 1 .19 pm.

 

Conforme Firman

 

Diputado Enrique Márquez                                                           Diputado Miguel Pizarro

PRESIDENTE                                                                                   VICEPRESIDENTE

Prof Robert Rodríguez

SECRETARIO

 

Nota de Secretaría: El bloque parlamentario de la patria compuesto por el PSUV salvó su voto en los numerales 2,4,5,7,8,12,13,16,26. Al verificarse que el día 06 de Abril no se presentó razonamiento por escrito de dichos votos salvados en el lapso correspondiente, se asumen como votos negativos.

 

Dip. En,i.que !.fdrquez

Presideme

 

Dip. Miguel Pir./lrro

 

Vicepresidente

 

Dip. Juan Requesens

 

Aliembro

 

 

Dlp. Ramón Lo/)o

Miembro

Dip.Jo”‘(e Pérez

 

MiembrÓ

 

Dlp.Luis Sote/do

 

Miembro

 

Dip. Nosliw Rodríguez

A/iembro

 

Dlp. Ronnl F/f)res

 

Miembro

 

Dip.Juan Mejías

1\liembro

A  SISTENCIA DIPUTADOS Dío: Martes OS·de abril de 2016

 

L1gar-:Salón Federación, Pñmera Viccprcsidenci.a

Rora:11:00am

 

                               ..

 

Av.Uni….idad. PalacioFederalLeglsla1ivo, E$Q. Monjas a San FranciS<lO, Piso 1

Telélonos:.80«18231/S053

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinación: Robert Rodríguez Raga

 

ASESORÍA Y FUENTES

Coordinación: Luis Loaiza Rincón, integrado por áreas temáticas:

 

  • Crisis y Conflicto: Absalón Méndez, Luis Loaiza, KettaStefani, Rita Añez.
  • Financiamiento: Luis  Torres,  Luis  Bravo  Jáuregui,  José  Angel  Ferreira  Informes

Técnicos de AVERU, Memorias y Cuentas MPPEU.

  • Seguridad Social y Conflictividad Laboral: Absalón Méndez, Mariana Campos, Rubén Romero, Américo de Orsi, José Angel Ferreira, León Arismendi, Jorge Abreu, Informes de Asociaciones de jubilados, profesores, trabajadores administrativos y obreros.
  • Democratización y Gobernabilidad: Tulio Ramírez, Luis Loaiza, Robert Rodríguez.
  • Servicios Estudiantiles: Eladio Hernández, Leissy Meléndez, Tammy Suárez.Informes de Directores de Servicios estudiantiles y denuncias de Movimiento Estudiantil.
  • Inseguridad: José Sánchez, Naiken Delgado, Propuesta UDO 2016 sobre seguridad en campus Universitarios de Venezuela.
  • LOCTI: Benjamín  Scharifker,Rita  Elena  Añez, IsmardoBonalde,  Alberto  Fernández, Jaime Requena, Marisol Aguilera,  Rafael Rangel-Aldao, Félix Tapia, Manuel Torres.

 

JURÍDICO: Caterina Gallardo.

REVISION DE FORMA Y ESTILO: María de la Paz Silva, Marilyn Segovia.

APOYO LOGÍSTICO: Primera Vicepresidencia de la AN. Coordinación: Verónica Brito

Asistente Comisión: Vanessa Cella.

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