AN aprobó informe final de la Comisión Especial de Fronteras

Informe Fronteras- Mayo

 
 

En sesión ordinaria de este jueves 19 de mayo,  la Comisión Especial  que evaluó la situación  fronteriza del país, presentó su informe definitivo, aprobado por la mayoría parlamentaria.

 

La instancia que fue instalada el pasado 21 de enero, presidida por la diputada  Laidy Gomez (AD/Tachira) en compañía de los integrantes Gaby Arellano (VP/Tachira), Omar Barboza (UNT/ Zulia), Julio Montoya (UNT/Apure) y Juan Requesens (PJ/Tachira), expone en resumen la problemática enfrentada en los diversos estados limítrofes.

 

Recalcan la violación de derechos humanos existentes, y propone la creación de un  nuevo Proyecto de ley de Frontera ya que  el actual, admitido por la pasada dirección legislativa, carece de marco definitorio.

 

Conoce el documento, a continuación:

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL

COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA

INTRODUCCN

 

Antecedentes del problema en la frontera

 

La inclusión de toda la población al pleno goce y disfrute de los derechos humanos y  la  vinculación  de  estos  derechos  con  un  concepto  integral  de  Seguridad  y Defensa más allá de una decisión de sus gobernantes, residen en el mandato constitucional establecido en la Carta Magna de 1999.

 

 

Las dos últimas décadas del pasado siglo, han sido escenarios de una creciente agudización de problemas del eje fronterizo a consecuencia de una penetración de acciones que vulneran reiteradamente la soberanía sobre el territorio venezolano, cuyas variables de un sitio a otro son geográficas y demográficas, dependiendo del  territorio  en  cuestión,  donde  se  pone  de manifiesto  la  expoliación de  los recursos  económicos  naturales  o  no,  generando  astronómicas  pérdidas financieras a la nación y trayendo una profunda degradación en la naturaleza y tipología propia de cada   territorio y como es natural en estos casos, cambios perjudiciales en las actividades, económicas (productivas y comerciales), sociales y culturales para la gente que habita en las fronteras venezolanas.

 

La ausencia de políticas del Estado para la frontera, conlleva a determinar los bajos niveles de desarrollo fronterizo y abandono,  determinados a partir de un conjunto  de  problemas  de  seguridad  y  antecedentes  conceptuales  sobre  la dinámica económica, social y cultural que surgen a partir de la ocupación humana de determinados territorios fronterizos, tomando en cuenta aquellos fenómenos derivados de intercambios  en el marco  de la interrelación espacial de dos o más modos de vida diferentes.

 

Problemas que afectan a la frontera

 

La ausencia de recato  por parte  del  Estado y por ende su falta de énfasis en pro de un  ordenamiento territorial básico que  permita  una  gestión  pública planificada en las remotas zonas integrantes de los espacios fronterizos, ocasiona actividades ilegales: desde el contrabando de combustible, productos de primera necesidad,  materia  prima  para  las  industrias,  minería  ilegal,  extracción  de productos  forestales,  productos  pesqueros,  especies  exóticas,  procesos migratorios ilegales,   penetración   del   narcotráfico,   el   ingreso   de   grupos irregulares  (guerrillas colombianas), degradación de vida de las etnias aborígenes que las habitan, la destrucción del medio natural por tecnologías no apropiadas entre otras manifestaciones, hasta una pujante industria de fuga de productos acabados  (alimentos,  medicinas,  artículos de construcción, repuestos automotrices), así como también mafias alentadoras del soborno, peajes ilícitos, secuestro, invasión de territorios, acrecentamiento del sicariato, entre otras, cuyo auge eleva la línea emergente de estos odiados fenómenos,   en el marco de un cierre del paso de los municipios fronterizos al  territorio colombiano por parte del Ejecutivo Nacional.

 

Expectativas en torno a una Ley de Fronteras

 

Para nadie es un secreto y la propia dinámica lo refleja, que el accionar  político del Estado venezolano hacia sus regiones fronterizas se caracteriza por profundas deficiencias y  dispersión en pro del logro de los sagrados principios de soberanía. Es realidad palpable en todos los espacios limítrofes del Territorio Nacional, donde la dinámica tiene supremacía, que se requiere con suma urgencia, mayor transparencia y claridad en el accionar del Estado venezolano para sus fronteras, en aras de apuntalar la integridad territorial y el desarrollo de estas regiones en plena sintonía con las naturales y nacionalistas estrategias que deben servir de soporte a la gestión económica, a las garantías sociales, de seguridad y defensa, ambientales, tecnológicas y culturales propias de una nación cuidadosa de sus intereses y patrimonio.

 

Un  ordenamiento  jurídico  que  facilite  la  implementación  de  la    seguridad    y defensa   de   las  fronteras  nacionales, como preeminencia de una homogénea y sólida política fronteriza, va de la mano con  incentivar la  agricultura,  la  pesca y   la   ganadería,   la   industria   agroforestal,   petrolera,   gasífera   y  minera,   la agroindustria,  la  industria  y  el  comercio,  como  enclaves  de  un     desarrollo nacional,  así como el fomento de  centros  poblados  con  óptimos servicios y vías de comunicación, trayendo consigo una sustancial elevación de  la calidad de vida para sus habitantes y  en aras de la consolidación   social,  económica  y  cultural de  toda Venezuela.

 

Todos estos aspectos están comprometidos con un ordenamiento jurídico para las fronteras en el que se establezca las líneas de acción del Estado venezolano para cambiar un rostro empañado por una compleja problemática que ocasiona pesimismo, desesperanza y sobre todo el deterioro ético y moral en los espacios territoriales en discusión.

 

En la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República aprobada en diciembre de 1999, señala la prioridad de legislar en torno a un marco jurídico relacionado con la frontera, en un lapso de dos años, en donde establece “La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras”. Sin embargo, que muchas organizaciones y expertos presentaron propuestas en este sentido, el 30 de diciembre de 2015 en el marco de la Ley Habilitante, el Presidente de la República Promulga una Ley Orgánica de Frontera carente de consulta y sin considerar el Proyecto de Ley que ya se venía discutiendo en el parlamento y del cual ya se encontraban aprobados 38 artículos.

 

Estados de Excepción y cierre de Fronteras

 

El  cierre  de  la  frontera  en el Estado  Táchira,  se  ejerce  mediante  Decreto  de Estado de Excepción válido por 60 días continuos,  que comienza en 5 Municipios: Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho-Libertad, Capacho-Independencia: posteriormente se extendió a otras zonas del Occidente del país afectando a otros 19 municipios para un total de 24: Rafael Urdaneta, Lobatera, García de Hevia,

 

Ayacucho y Panamericano del estado Táchira; La Guajira, Mara, Almirante Padilla, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta,  Jesús  María  Semprun, Catatumbo  y  Colon  del  estado  Zulia:  Páez, Rómulo  Gallegos  y  Pedro  Camejo  del  estado  Apure:  y Atures  del  estado Amazonas.  El  pretexto, un ataque  a  miembros  de  la  FAN perpetrado  en San Antonio  del Táchira  con resultado  de  varios  heridos, para  luego argumentar la guerra económica, el contrabando de extracción y el bachaqueo. El estado de excepción tenía vigencia de 60 días y fue prorrogado por 60 días más, es decir que cesó su vigencia el 19 de diciembre de 2015, sin embargo a la presente fecha (mayo 2016) la frontera continua cerrada.

 

 

A raíz de esta situación son cuantiosas las denuncias, desde crímenes de lesa humanidad, en el entendido en este caso como manifestaciones de Deportación o traslado  forzoso  de  población, especialmente  de ciudadanos colombianos a su país de origen; hasta una parálisis de la actividad económica en la frontera, con pérdida de millones de dólares diarios, afectando a ambas partes de la frontera que   vivían  del   intercambio   comercial   trayendo   como   expresión  una   crisis humanitaria en estado manifiesto a menos que reabran el paso.

 

La nueva gestión parlamentaria realizó una serie de actividades, para recoger in situ,  toda  la  información necesaria  para el cumplimiento de la misión encomendada a esta Comisión. El presente Informe refleja las situaciones encontradas: contrabando de extracción como manifestación que no escapa a los desajustes económicos entre ambos lados y cuya expresión se concreta en los miles de ciudadanos practicando el bachaqueo, el contrabando de extracción de gasolina y productos de la cesta básica; toda esta actividad continua de forma acelerada, pero ahora bajo el control de supuestas mafias asociadas con algunos funcionarios  de  la  Fuerza  Armada  Nacional  que  se  dejan corromper  mientras deben  cumplir  con  sus  funciones  de  resguardo  de  la  soberanía  nacional. Los pasos fronterizos principales están cerrados y controlados, pero no hay manera de cerrar los cientos de trochas que existen entre ambos países.

 

CREACN COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA

 

La  Asamblea  Nacional en su Sesión Ordinaria  del día  13  de  enero  de 2016, incluye en su Agenda,   un debate sobre el cierre de la frontera, donde aprobó un “Acuerdo Sobre la Crisis de Frontera y Estado de Excepción en Veinticuatro Municipios de la República”, para rechazar categóricamente el cierre unilateral de la frontera venezolana con la República de Colombia y solicitar al Presidente de la  República,  la  apertura  inmediata  de  la  frontera,  la  restitución inmediata  del Estado de Derecho, respecto al derecho al libre tránsito y demás garantías constitucionales; así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, así mismo contempla designar una Comisión Especial de Frontera, para investigar y atender todas las afectaciones producto del cierre de la frontera y evalúe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras, publicado en Gaceta Oficial N° 6210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015.

 

La Comisión quedó integrada por las diputadas Laidy Gómez (Presidenta) y Gaby Arellano (Vicepresidenta); y por los diputados Juan Requesens, Omar Barboza y Julio Montoya. El 21 de enero de 2016 se instala formalmente la Comisión Especial de Frontera, y en esa sesión se acuerda establecer la temporalidad de la Comisión en ciento ochenta (180) días continuos.

 

La Comisión Especial de Frontera para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo  de  la  Asamblea  Nacional,  aprueba  un  cronograma  de  visitas  a  los estados fronterizos para reunirse con los distintos sectores sociales y productivos como con la comunidad en general para conocer la afectación que les ha ocasionado el cierre de la frontera y para informarles sobre la Ley de Frontera aprobada el 30 de diciembre de 2015.

 

La Comisión realizó reuniones y sus miembros asistieron a diversos eventos para escuchar   a   distintas   organizaciones   y   ciudadanos   conocedores   del   tema fronterizo, entre ellos:

 

  • Foro organizado por la ONG “Somos Ciudadanos Organizados” (SOCIO) el día 12 de marzo, en el Colegio de Abogados del estado Táchira, donde asistieron las diputadas Laidy Gómez y Gaby Arellano.

 

  • Invitación a la reunión Ordinaria de la Comisión del día 7 de abril de 2016, a los  expertos:  María  Teresa  Belandria,  Especialista  en  Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien hace una amplia exposición sobre la cronología de estudios y análisis de la situación fronterizas desde  hace  varias  décadas,  resaltando  que  hay  importantes  diagnósticos como los hechos por la Comisión Presidencial de Integración de Asuntos Fronterizos,  que  contienen  análisis  perfectamente  vigentes  a  la  actualidad. Hizo  críticas  a  la  Ley de Frontera vigente, la cual debió ser objeto de una amplia  consulta,  su  contenido  pareciera  estar  ajustado  únicamente  a  la frontera colombiana y no para el resto de los estados fronterizos; explicó el caso de las REDIS fronterizas con actividades contradictorias y facultades que no vienen al caso. Refiere que la ambigüedad de la ley vigente parte de su propia  exposición  de  Motivos,  que  fue  aprobada  sin  que  mediara  una discusión de fondo, es una ley improvisada que pone al descubierto un gran desconocimiento de la realidad fronteriza, por lo que a su juicio debería ser derogada y formularse un nuevo instrumento jurídico. Rocío San Miguel, Especialista en Materia de Seguridad y Defensa,  señalando que la actual ley de  frontera  fue  aprobada  de  manera  apresurada, apenas  seis  (6) días antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, con un contenido de apenas  23  artículos  y  tres  disposiciones  transitorias,  la  cual  se  pudiera describir a grandes rasgos como un instrumento hecho para otorgar a la potestad del Ejecutivo Nacional la política de frontera, lo cual si es potestad del Poder Público Nacional, considera que salvo el artículo 20, su contenido es meramente declarativo y fraudulento ante la Constitución, por lo que considera debe ser derogada. Igualmente informó que la Asociación Control Ciudadano ha presentado en esta reunión un documento sobre la ley que se propone sea incorporado al conjunto de documentos, para que sirvan de base en el análisis y discusión de la presente ley. Walter Márquez, Defensor de Derechos Humanos y Diputado Jubilado, sostiene que hace falta una ley de frontera con  una  nueva  metodología  para  enfrentar  los  graves  problemas  que  ahí sucede; considera que el cierre fronterizo es absolutamente inconstitucional y que tiene que ver con esa visión meramente militarista que tiene el gobierno sobre esta zona, refiere que el concepto de seguridad social debe ser humanizado. También señala que es importante reivindicar los avances de los anteriores gobiernos sobre este tema, como por ejemplo poner de relieve el tema  de  la  integración  fronteriza.  Propone  la  convocatoria  a  reuniones  de trabajo donde se analice el derecho comparado, los diagnósticos de las Comisiones Presidenciales Fronterizas y las referencias que al respecto hacen las constituciones estadales.

 

   José Gregorio García, Especialista en Integración,  informa  que  en  noviembre  de  2014  y  por  vía  de  la  Ley Habilitante, el Presidente Nicolás Maduro puso el Ejecútese a la Ley de Desarrollo Regional Integral – Socioproductiva de la Patria, la cual contiene más elementos sobre el tema fronterizo que la propia Ley de Frontera, mas aun cuando tenemos una caracterización muy particular, y es que somos un país  aguas  abajo,  ya  que  casi  todos  los  afluentes  acuíferos  vienen  de Colombia y en menor grado de Brasil, por lo que lo ideal es una frontera que genere  desarrollo.  Asegura  que  las  diversas  comisiones  fronterizas  han realizado  un trabajo  importante  que  pueden servir en este momento, sobre todo en temas tan relevantes como el social y ambiental.

 

  • Reunión con los distintos sectores sociales y productivos en el marco de las visitas realizadas por la Comisión a los estados fronterizos. Estado Táchira el 12  y 13  de  febrero; En Apure  el 19  de  febrero; Zulia  el  26  de  febrero; yAmazonas el 8 y 9 de abril.

 

  • Invitación de  la  Cámara  de  Integración Económica  Venezolana  Colombiana (CAVECOL) a la Diputada Laidy Gómez el 9 de mayo del año en curso, donde se comprometieron a proporcionar información sobre la afectación del sector comercial del eje fronterizo a causa del cierre de la frontera.

Es  importante  señalar que esta instancia legislativa  participó de manera formal sobre la conformación de la Comisión Especial de Frontera a objeto de coordinar acciones en conjunto a las siguientes instituciones sin obtener respuesta alguna:

 

  • Mayor General  Vladimir  Padrino  López ,  Ministro  de  la  Defensa  y

Comandante Estratégico Operacional.

 

  • Luisa Ortega Díaz , Fiscal General de la República.

 

  • Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo de la República.

 

  • Mayor General Gerardo Izquierdo  Torres, Ministro  de  Estado  para la Nueva Frontera de Paz.

 

  • Delcy Rodríguez , Canciller de la República.

 

Asimismo se destaca la negativa de los diputados del Polo Patriótico en conformar y participar en la Comisión.

 

GIRAS REALIZADAS

A continuación se describe los resultados de las vistas realizadas por la Comisión a los estados fronterizos:

 

Visita al Estado Táchira:

La visita realizada al Estado Táchira se realizó durante los días 12 y 13 de febrero; el primer día en la población de Boca de Grita del Municipio García de Hevia, y en San Antonio, Municipio Bolívar el 13 de febrero. Los diputados que asistieron a esta actividad fueron Laidy Gómez, Karin Vera, Sonia Medina, Eduardo Marín, Franklin Duarte y Carlos Valero.

 

Boca de Grita

El día 12 de febrero del presente año, en la localidad de Boca de Grita, Estado Táchira se realizó una asamblea entre las cuales se encontraban representantes de distintos sectores, de la Alcaldía de Panamericano, del Concejo Municipal de García  de  Hevia  y  comunidad  en  general.  En  dicha  jornada  se  expresaron aquellos problemas que han surgido en la población luego del cierre de la frontera en  el  mes  de  agosto  de  2015,  así  como  aquellos  problemas  que  ya  se manifestaban y en el presente agravados y su preocupación por la actuación abusiva por parte de funcionarios militares en la zona.

 

En el sector comercial los principales problemas que se le han presentado ha sido la falta de insumos para comercializar dada la baja producción por falta de materia prima, así como la retención ilegal de la mercancía por parte de funcionarios militares, entre los cuales existen quienes cobran vacunas a aquellos que desean transportar su mercancía. El resultado de todo esto es una escases enorme acompañada de altos precios por la poca mercancía que llega. Indican también que  anteriormente  compraban  gran parte  de  la  mercancía  del otro  lado  de  la frontera pero que hoy en día dependen prácticamente de La Fría.

 

La  falta  de  materia  prima  para  la  producción  de  alimentos  y  productos  ha generado el cierre de diversas empresas en la zona. Afirman que anteriormente compraban esta en Colombia, sin embargo dado al cese de tal oportunidad se han visto obligados a disminuir drásticamente la producción. Uno de los sectores más afectados es el agrícola, el cual indica que gracias a la ineficiencia de Agropatria no consiguen semillas, fertilizantes y otros materiales que le son necesarios para la producción, que antes podían ser adquiridos en Colombia. Afirman que no se consiguen repuestos para las unidades, en especial cauchos y baterías, los cuales eran adquiridos anteriormente al otro lado de la frontera. También indican que muchos transportistas tienen sus unidades apresadas del otro lado de la frontera a causa  del  cierre  de  la  misma,  situación  que  trae  como  consecuencia  una deficiencia  en  el  servicio  de  transporte  público  y  que  muchos  de  ellos  se encuentren sin trabajo en la actualidad.

 

Al igual que el resto de la población del país, el sector salud presenta dificultades para   conseguir   insumos   y   medicamentos.   Afirman   que   anteriormente   los compraban del otro lado de la frontera pero que hoy en día dependen solo de La Fría y no llegan medicamentos a la zona. Más preocupante aún es el hecho que Boca de Grita dependía de los servicios médicos a 5 minutos del otro lado de la frontera, y con el cierre de la misma tienen el CDI más cercano a 40 minutos aproximadamente, esto expone a la población a un inminente riesgo de vulnerar el derecho a la vida como en efecto les ha sucedido a las victimas fallecidas por falta de atención medica inmediata ante el cierre fronterizo de la zona.

 

La violación al derecho de libre tránsito, acompañado de abusos, sobornos y chantajes de partes de funcionarios militares, quienes además se involucran directamente en el tráfico ilegal de combustible, medicamentos y alimentos confirman que las medidas tomadas en el mes de agosto y reiteradas por el Ejecutivo Nacional están lejos de resolver los problemas que se presentaban en los municipios fronterizos y han traído consecuencias gravísimas en materia de Derechos  Humanos  así  como  la  disminución  de  la  calidad  de  vida  de  sus habitantes.

 

También presentaron denuncias algunos ciudadanos en cuanto a la modalidad tomada  por  funcionarios  militares  de  requerir  en las  alcabalas  a  aquellos  que quieren ingresar a Boca de Grita el RIF y su carta de residencia en vez del documento  válido  que  es  la  cédula  de  identidad,  una  violación  flagrante  del derecho  al  libre  transito  condicionado  por  la  sustitución  del  documento  de identidad  venezolano  (Cedula  de  identidad) por otros  documentos  de  carác ter administrativo que no demuestra la nacionalidad que permite a los ciudadanos ejercer su soberanía.

 

San Antonio del Táchira

El  día  13  de  febrero  del  presente  año  una  comisión  conformada  por  seis diputados  de la Asamblea Nacional, entre otros, realizaron una asamblea en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira con la presencia de distintas autoridades municipales y estadales, y la participación de la comunidad en general así como la representación de sectores sociales y productivos, que expresaron una serie de problemas que se han creado y agudizado desde el cierre de la frontera el año pasado. Cabe destacar que aunque cada población fronteriza tiene problemas distintos, en su mayoría estos son los mismos para los habitantes de los distintos poblados de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Entre los cientos de problemas, informaron los ciudadanos que existen algunos que causan mayor preocupación entre los que destacan:

 

El sector transporte informo que su principal problema es la falta de repuestos, en especial cauchos y baterías, lo que los ha obligado a mantener sus unidades paradas. Además muchos dicen tener sus unidades retenidas del otro lado de la frontera  con  altísimas  deudas  en  estacionamiento  y  afirman  la  existencia  de grupos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cobrando cifras muy altas para el paso por trochas. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio del Táchira asegura que tan solo en el área de transporte de carbón existen aproximadamente tres mil empleos directos entre transportistas, agencias de aduana, almacenadoras y otros servicios, los cuales han sido afectados por las medidas tomadas por el Ejecutivo.

 

El  sector  comercial  afirma  que  sus  ingresos  han caído  de  manera  acelerada debido  a  la  retención  de  mercancía  legal  dentro  del casco  de  la  ciudad  por miembros de la FANB a través de procedimientos arbitrarios y discrecionales, así como a la poca producción relacionada con la falta de materia prima que no se produce en el país y que anteriormente se compraba en Colombia. Denuncia que muchos se han visto obligados a cerrar sus negocios y otros han quedado desempleados por las bajas ventas que estos registran, incrementando de manera abrupta los índices de desempleo de la economía formal en el poblado fronterizo. Según José Rozo, ex presidente de Fedecamaras Táchira, las perdidas gracias al bloqueo al libre tránsito son aproximadamente de dos millones de dólares diarios, afectando severamente los ingresos económicos de los ciudadanos de la zona. Las medidas adoptadas han llevado al cierre técnico de un 70% de los establecimientos del sector comercial y de un 80% del sector industrial, los cuales no solo han sido afectados por la imposibilidad de comercializar del otro lado de la frontera sino también son afectados por cortes de energía prolongados, ausencia de mano de obra calificada y falta de materia prima e insumos para la elaboración y comercialización de productos.

 

Para el sector salud la principal preocupación es la falta de insumos y medicinas, al  igual  que  en  el  resto  del  país  en  estos  últimos  meses.  Afirman  que anteriormente  muchos  de  los habitantes de la zona frecuentaban el sistema de salud de la ciudad de Cúcuta, en especial aquellos enfermos de cáncer, los cuales asistían a sus tratamientos de quimioterapia así como de  diálisis al otro lado de la frontera. De igual manera, se ve con altísima preocupación la situación de salud de los ciudadanos de tercera edad, los cuales no consiguen los medicamentos que les resultan indispensables para mantener su calidad de vida.

 

Sin embargo, lo más relevante de la información extraída en esta reunión fue la existencia de un malestar general de la población de San Antonio ya que las supuestas razones que dio el Ejecutivo Nacional para el cierre de la frontera en varios estados a partir de agosto del año pasado eran el aumento del contrabando de gasolina, alimentos y medicamentos pero sin embargo la situación se ha agudizado,  dándole  espacio  a  ciertos  grupos,  de  los  cuales  forman  parte miembros   de   la   Fuerza   Armada   Nacional,   para  acaparar  el  negocio  del contrabando. Esta actividad ilícita en manos de tales grupos ha empeorado de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio del Táchira.

 

Los ciudadanos han denunciado en la presente asamblea el cobro de vacunas y de tarifas para el paso por las trochas alternas, la confiscación de los productos de primera necesidad por parte de funcionarios de las FANB, la imposibilidad de ir a estudiar a  colegios  y a universidades a los cuales asistían un gran número de estudiantes y el abuso de control constante por parte de las autoridades militares, entre otros de los muchos problemas que causan preocupación en la ciudad de San Antonio y dando fe de que el cierre de las frontera no ha traído beneficios para su población.

 

Con respecto a las violaciones de derechos humanos, garantizados en nuestra Constitución, existen numerosos casos denunciados por parte de los ciudadanos de San Antonio. El más notable es la violación del derecho a la vida por la falta de atención medica oportuna que antes recibían en Cúcuta y ahora se ven limitadas por la restricción fronteriza; de libre tránsito que sufren los habitantes de la zona al no permitírsele el ingreso al país vecino, agravado por el hecho de que ciertos funcionarios de las FANB están cobrando grandes cantidades de dinero para permitirles el acceso por las trochas.   Muchos de los habitantes de San Antonio aseguran constantes tratos crueles e inhumanos por parte de tales funcionarios, incluso robo de dinero en efectivo, alimentos, medicinas, entre otros. De igual manera, se evidencia una clara violación al derecho al trabajo, producto del gran número  de  venezolanos  cuya  actividad  laboral  se  produce  al  otro  lado  de  la frontera, afectando los ingresos de cientos de familias.   También causa gran preocupación ciertas denuncias de privación ilegitima de libertad de personas bajo presunción de ser bachaqueros o contrabandistas, dejando a un lado los derechos fundamentales  del ámbito  procesal como  lo  son el derecho  a  la  defensa  y al debido   proceso,   estipulados   en  nuestra   Constitución.   Otras   denuncias   de gravedad son aquellas con respecto a humillaciones y vejaciones por parte de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, los cuales actúan regularmente de una manera contraria con los preceptos legales.

 

Resulta evidente que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo son una clara violación al Artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual protege al libre tránsito de manera colectiva o individual y al Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros artículos de tratados internacionales los cuales ha firmado y ratificado la República Bolivariana de Venezuela.

 

Visita al Estado Apure

 

Guasdualito

El día 19 de febrero de 2016 la Comisión Especial de Frontera se trasladó a la población de Guasdualito, Estado Apure.  Dicha reunión contó con la presencia de la Diputada Laidy Gómez y los Diputados Julio Montoya y Luis Lipa, en donde informaron los diversos problemas que presentan los distintos sectores de la sociedad y la comunidad en general producto del cierre de la frontera por orden del Ejecutivo el pasado mes de agosto.

 

Los ciudadanos denuncian que desde el cierre de la frontera la adquisición de productos de primera necesidad se les ha vuelto casi imposible. Lo poco que llega a la localidad de Guasdualito es confiscado por los funcionarios militares, quienes han tomado control total de la venta de dichos productos. Representantes de la Cámara de Comercio denuncian que el matraqueo ya se ha vuelto una actividad habitual  a  la  que  se  deben  enfrentar  los  comerciantes  de  la  zona.  Para  las personas que hacen vida en este rubro se ha vuelto una tragedia la presencia excesiva  de  funcionarios  de  la  GNB  en la  localidad. Los  ciudadanos  también indican que ellos son los que están sufriendo la implementación del chip de combustible, puesto que sigue existiendo contrabando de este y se ha vuelto más difícil  conseguirlo.  De  igual  manera, causa  desagrado  en la  población el total control que ejercen los funcionarios militares en la venta y distribución de cemento, elevando el precio de este de manera desproporcionada.

 

Los pobladores del sector denuncian que el cierre de la frontera ha afectado la producción en Guasdualito, existe un gran abandono de la agricultura porque no tienen como adquirir la materia prima al otro lado de la frontera, existe malestar en los productores, ganaderos, comerciantes y agricultores porque no son tratados como ciudadanos sino como delincuentes por parte de los funcionarios militares en las alcabalas que lo que hacen es “matraquearlos”; la única forma de conseguir insumos para desarrollar la industria es por medio del contrabando por la frontera, que está tomada por funcionarios militares. El sector piscícola denuncia especulación o sobre precios en el alimento para los peces y todo tipo de insumos requeridos para el proceso productivo, y con la frontera cerrada es mucho más difícil adquirirlos.

 

 

Al igual que con los alimentos, existe una falta pronunciada de insumos y medicamentos, la cual se ha agudizado de manera abrupta desde el cierre de la frontera. Los ciudadanos muestran preocupación por el estado de los ambulatorios y del hospital, en especial luego  del aumento  del zika, dengue, chikungunya y sarna tras las inundaciones del año pasado.

 

Diversos habitantes de la localidad de Guasdualito han indicado en la asamblea el constante abuso de los funcionarios militares, los cuales no solo extorsionan sino que cometen actos de violencia, roban productos y se han apoderado del mercado del contrabando. A esto se le suma la quema de varias casas de la población campesina luego del cierre de la frontera y las arremetidas en contra de manifestaciones pacíficas.

 

En cuanto al combustible y los diferentes controles implementados (el chip), se observa que no resuelve el problema de las colas en las estaciones de servicios de la localidad, evidenciándose que el cierre de frontera, no ha solucionado tal problemática;  se  ha  acrecentado  el  contrabando  y  la  fuga  del combustible  al vecino país.

 

El cierre de la frontera ha afianzado el abuso de poder y el maltrato de parte de las autoridades militares, violando los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos; tales como: el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud (atención médica oportuna y adecuada) , el derecho a la educación(Los estudiantes ya no les sirve de nada el pasaporte y la cédula de identidad para poder asistir a las universidades ubicadas en el hermano país (Colombia), tienen que gestionar un carnet emitido por el Vicealmirante Antonio Clemente Carreño, Única y Máxima Autoridad de la Zona Especial de Frontera). El derecho a calidad de vida y buena alimentación (La falta de productos de la cesta básica, el racionamiento y la imposibilidad de acceder a ellos por el desabastecimiento, entre otros).

 

Se culmina el evento, tomando en cuenta todos los planteamientos efectuados por los voceros y adquiriendo los diputados de la comisión el compromiso de hacer la segunda visita en el lapso de un mes para recibir y compartir posiciones y planteamientos sobre la ley y su posible modificación o reforma. Seguidamente los diputados se dirigieron por petición de sus residentes a la población de El Amparo, en  atención  a  invitación  hecha  por  los  voceros  de  esa  parroquia,  donde  los esperaba un grupo de habitantes para hacer planteamientos de la problemática que viven en la zona relacionada con la falta de productos de la cesta básica, el maltrato por parte de los funcionarios militares y el cobro que estos hacen para facilitar el paso a Colombia. Ratificaron la problemática de los estudiantes para pasar a las universidades y la gestoría del carnet emitido por la Autoridad Única de la Zona Especial. Las cooperativas de chalaneros en el Amparo denunciaron que la frontera se encontraba cerrada para ellos, situación que impide el traslado de personas de un lado a otro por el cierre de la frontera, lo que representa que en la actualidad están sin trabajo, pero señalan que los efectivos de Fuerza Armada Nacional, con sus embarcaciones militares, trasladan a personas cobrando la cantidad de Bs. 5.000 por viaje.

 

Visita al Estado Zulia

Paraguaipoa:

 

El  día  26  de  febrero  del  presente  año, la  Comisión Especial de  Frontera  se traslada a Paraguaipoa con la asistencia de los diputados Laidy Gómez, Gaby Arellano, Virgilio Ferrer, Karin Vera y Ricardo Fernández.

 

 

La actividad estaba prevista realizarse en las adyacencias de la plaza de Paraguaipoa, pero al llegar al sitio, había un operativo para venta de alimentos que impidió hacer el evento en ese lugar, razón por la cual hubo la necesidad de habilitar  otro  espacio,  y  mientras  se  acondicionaba  el mismo  la  Comisión se trasladó a una almacenadora de la zona en donde se observó que se encontraba totalmente vacía, sin operaciones. Posteriormente la Comisión logró llegar al límite de la frontera en el puesto de Paraguachón, en donde se reunió con un grupo de venezolanos que planteaban la grave situación que están viviendo con el cierre de la  frontera. Una  vez culminado  el encuentro  en Paraguachón se  trasladan a la cancha de la comunidad de Puerto Aleramo, sitio que se habilitó para desarrollar el  evento,  que  inicia  con  la  misma  metodología  empleada  en  los  eventos anteriores, en donde lograron exponer sus problemáticas los representantes de los sectores de aduana, educación y transporte.

 

El sector aduanero se ve afectado por el bloqueo de la mercancía legal, lo cual implica que no existe proceso de importación y exportación que atender y que además que le genera una afectación directa al fisco nacional. Esta situación cercenó el comercio legal con el cierre de la frontera. El 90 % del personal que trabaja en las almacenadoras son wuayu por lo que considera que ellos si pueden superarse trabajando. Existe un grave problema por la paralización económica al no  producirse  nada  debido  a  la  imposibilidad  de  adquirir  la  materia  prima necesaria desde Colombia. Solicita la reapertura de la frontera para que la mercancía que hace falta pueda entrar y lograr activar el aparato productivo para abastecer el país y la idea es que los dejen trabajar en las almacenadoras que en la actualidad se encuentran completamente vacías.

 

Desde que se declaró el cierre de la frontera, lo que se hizo fue mover la misma desde Paraguachón a el Limón, por las largas trancas que ahora se hacen en ese punto de control, ocasionando colas interminables que afectan a toda la población y en especial a los educadores que se trasladan a trabajar; esta situación provocó también el que se duplicara el costo de los pasajes, alegándose el aumento de la gasolina de contrabando.

 

Al momento de intervenir los representantes del Transporte, entraron al evento un grupo de aproximadamente 60 personas identificadas con el partido de gobierno gritando consignas políticas y saboteando la actividad    que ya se venía desarrollando, comenzaron a lanzar objetos desde las afuera de la cancha por lo que se decidió abandonar el lugar por recomendación de algunas personas , ya que  no  existía  la  seguridad  necesaria  para  el  resguardo  de  los  diputados  y presentes en el evento.

 

Otra denuncia recibida en la Comisión es el hecho que el Gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas, apoyándose en el Decreto 1035, publicado en Gaceta Oficial del estado Zulia Nº 5210, de fecha 9 de marzo de 2016, que establece que se implementan medidas para colocar bienes esenciales, servicios, medicamentos, repuestos, autopartes, productos de limpieza e higiene personal, en el mercado interno del estado Zulia, a fin de garantizar el abastecimiento, distribución equitativa y justa de alimentos y productos; que se dispense de los tramites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de cincuenta (50) rubros previa autorización del Presidente de la Republica dentro del Decreto de Emergencia Económica; implementar las medidas necesarias para agilizar el transito de mercancías por el puerto y aeropuerto del estado, pudiendo desaplicar temporalmente procesos regulares que se requieran para ser posible la agilización previa autorización del Ministro con competencia; el gobernador previa autorización del Presidente de la Republica y del Ministerio con competencia, dispensara de los tramites cambiarios establecidos por CENCOEX y el Banco Central de Venezuela, a los fines de agilizar y garantizar la importación, sin que esto   constituya   mecanismo   en  detrimento   de  la  recuperación  del  aparato productivo nacional.

 

A  pesar  que  el  Decreto  establece  la  entrada  de  mercancía  por  el  puerto  y aeropuerto del estado Zulia, el gobernador lo aplica para la importación por la vía terrestre, cuando el transito por la frontera se encuentra cerrado; esta acción ocasiona una afectación directa al fisco nacional ante la tramitación aduanera y pago de impuestos fiscales; se convierte en el acceso de una mercancía ilegal, sin el debido permiso sanitario; por ultimo queda a total discreción del gobernador la distribución de estos productos sin la debida información a la población para lograr la equidad en la venta de los  mismos. Otra desventaja del Decreto es que permite solo la importación de productos dejando por fuera la posibilidad de exportar los nuestros.

 

Visita al Estado Amazonas:

El  8  y  9  de  abril  del  año  en  curso,  la  Comisión  Especial  de  Frontera conjuntamente con la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, realizan la visita al estado Amazonas con la asistencia de los diputados Laidy Gómez , Presidenta  de  la  Comisión  Especial  de  Frontera;  Armando  Armas (Vicepresidente) de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, y los diputados miembros de esa Comisión Marco Bozo Tamayo, Avilio Troconis y Roger Cordero Lara.

 

 

El  viernes  8  de  abril se  llevó  a  cabo  la  reunión con comunidades  y sectores sociales, y para el sábado 9 de abril en primer lugar con las autoridades regionales para tratar el tema de seguridad y luego con las organizaciones indígenas COIBA, SARAI, ORPIA y HORONAMI. En estas jornadas se resaltaron los siguientes problemas:

 

 

La  gente  en la  frontera  se  encuentra  indefensa  y en constantes  amenazas, la Policía del estado Amazonas está intervenida desde el 9 de julio de 2013 y en la actualidad está prácticamente desmantelada. El funcionario encargado de la intervención de  la  Policía  señala  que  no  cuentan con las  condiciones  mínimas para el funcionamiento de dicho cuerpo. Los Órganos de Seguridad del Estado con presencia en Amazonas (SEBIN, CICPC, REDI, ZODI) no se encuentran coordinados y articulados entre ellos, es decir, no existe una política coordinada en materia de seguridad ciudadana. El Plan Patria Segura tiene previsto 13 cuadrantes  de  seguridad  para  el  estado  Amazonas  de  los  cuales  ninguno funciona. Toda esta problemática ha ocasionado un incremento desproporcionado en los índices de homicidios que ya superan los 90 en lo que va de año. Quienes controlan la zona son las FARC y el ELN que viven en constantes enfrentamientos por el control de los territorios, de acuerdo a lo planteado por las autoridades y los presentes en las reuniones.

 

El  cierre  de  la  frontera  es  sólo  para  los  venezolanos  porque  los  colombianos entran y salen del país a cada momento por vía irregular bajo la complicidad de los efectivos militares.

 

Existen entre 15 y 20 mil personas en su mayoría extranjeros (colombianos y brasileros) que ejercen de forma ilegal la minería, lo que genera contrabando y prostitución bajo la mirada complaciente de los efectivos de la Fuerza Armada.

 

Denunciaron  a  la  Fuerza  Armada  de  ser  responsables  del  contrabando  de alimentos, gasolina  y oro  bajo  la  extracción ilegal. También son señalados  de violar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al desnudarlos con  el  objeto  de  requisarlos  en  busca  de  oro.  La  comida  que  debería  ser entregada a las comunidades indígenas a través de los Hércules lo desvían a las minas.

 

Se presenta desabastecimiento y sobreprecio de los productos básicos y muchas comunidades indígenas con niños en un alto nivel de desnutri ción.

 

Para el procesamiento y análisis de las denuncias y observaciones expuestas por los distintos sectores sociales y productivos en las visi tas realizadas a los estados fronterizos, así como las presentadas ante la Comisión por organizaciones y ciudadanos en general, se conformó una Comisión Técnica integrada por: Julio César Lobo Secretario de la Comisión que la coordina; Víctor Barraez , miembro del Equipo Técnico de la Comisión Permanente de Política Interior; Alberto Pastrano, Carlos Daniel Degwitz y Andrés Canelón de la Universidad Metropolitana; Marjorie Jiménez , Gonzalo Contreras y Sor Ruiz.

 

PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY ORGÁNICA DE FRONTERA

 

El Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el día 13 de enero de 2016, establece en su CUARTO Punto “Que la Comisión designada evalúe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras, publicado en Gaceta Oficial N° 6210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, por su carácter represivo y evasivo a la intención del legislador plasmada en 38 artículos que ya habían sido aprobados en Primera y Segunda Discusión, en el Proyecto de Ley discutido en el anterior Período Constitucional de esta Asamblea Nacional y sus efectos consecuenciales en la frontera”

 

En este sentido, la Comisión realizó varias actividades:

 

En  las  vistas  realizadas  a  los  estados  fronterizos,  se  conformaron mesas  de trabajo por sectores para revisar la Ley Orgánica de Frontera aprobada el 30 de diciembre de 2015, y presentar sus observaciones y propuestas ante la Comisión en una nueva jornada de trabajo. Estos debates se llevaron a cabo en San Antonio coordinado por la Diputada Laidy Gómez; en Boca de Grita por la Diputada Karin Vera; y en Guasdualito el Diputado Luis Lipa, quienes consignaron a la Comisión el resultado de cada mesa de trabajo.

 

También se invitó al Centro de Estudios de Frontera e Integración “Dr. José Manuel  Briceño  Monzillo  (CEFI)”  de  la  Universidad  de  los  Andes,  Núcleo Táchira,  para involucrarse en el proceso de elaboración de un Proyecto de Ley de Frontera.

 

En  la  Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión  efectuada  el 7  de  abril de  2016, se recibieron a  los  expertos María Teresa Belandria, Rocío San Miguel, Walter Márquez y José Gregorio García quienes expusieron sus consideraciones en cuanto a la Ley Orgánica de Frontera y posteriormente presentaron por escrito sus observaciones y propuesta para una nuevo instrumento  jurídico.

 

Para estudiar y canalizar todas las propuestas de una nueva Ley de Frontera presentadas ante esta instancia legislativa, se conformó una Comisión integrada por el Diputado Jubilado Walter Márquez , y de los profesores Francisco Javier Sánchez Chacón y Marleny Bustamante del Centro de Estudios de Frontera e Integración “Dr. José Manuel Briceño Monzillo (CEFI)” con el objeto de presentar un Proyecto de Ley de Frontera , considerando todas las observaciones formuladas en las distintas actividades realizadas por esta Comisión.

 

CONCLUSIONES

Luego de revisar todas las denuncias consignadas a la Comisión y observar in situ la situación que viven los habitantes en la frontera colombo venezolana, se aprecia una serie de violaciones de los derechos humanos en cuanto a: derecho a la vida, libre  tránsito,  trabajo,  salud,  educación,  alimentación,  que  afecta  de  manera directa la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo se destaca en todos los municipios visitados los constantes y reiterados abusos de poder, maltratos, vejaciones y humillaciones por algunos efectivos militares que cobran dinero para permitir   el   acceso  por  las  trochas  y  están  apoderados  del  mercado  del contrabando. También son señalados de ejercer el matraqueo y decomiso de mercancías legales.

 

Esta situación del cierre de la frontera conlleva a manifestaciones anómalas en donde  funcionarios  solicitan  documentos  más  allá  de  los  que  identifican  al ciudadano como lo es la cédula de identidad; estos documentos son cartas de residencia, RIF y carnet emitidos por la Autoridad Única de Frontera. Se releva el documento de identidad venezolana (Cédula de Identidad) a la discrecionalidad de funcionarios de la Fuerza Armada.

 

 

El contrabando de productos básicos regulados por el gobierno y la fuga de combustible fueron una de las justificaciones para que el Ejecutivo Nacional decretara el cierre de la frontera, sin embargo esta medida no ha surtido ningún efecto al respecto, por el contrario se ha profundizado en los nueve meses en el que se encuentra el paso restringido.

 

La industria del eje fronterizo se ve seriamente afectada con el cierre de la frontera debido a la imposibilidad de adquirir materia prima en Colombia, la cual en el países difícil de conseguir, esto lleva a una drástica disminución de la producción y un abandono de la agricultura frente a la crisis que vive Venezuela.

 

Los comerciantes al no tener que vender por la falta de producción y la escases de otros productos básicos, se ven en la obligación de reducir personal y en otros casos hasta el cierre total, ocasionando un aumento del desempleo en la zona. Los pocos comerciantes que quedan son víctimas del abuso de efectivos militares que le confiscan la mercancía legal bajo la actuación discrecional y arbitraria. De acuerdo a datos suministrados por CAVECOL, sólo en el estado Táchira existe un cierre técnico del sector comercial de un 70% y de un 80% del sector industrial producto del cierre de la frontera.

 

 

El Estado venezolano ha dejado de percibir una cantidad incalculable de recursos económicos por concepto de nacionalización de mercancía legal a través de las aduanas que se encuentran paralizadas por el cierre fronterizo, pero lo más grave es que prevalece el contrabando y comercialización de mercancía ilegal que no deja ningún tipo de beneficio a la nación.

 

La restricción de la frontera deja sin actividad a los operadores cambiarios de la zona,  a  los  cuales  se  les  ha  atribuido  la  pérdida  del  valor  de  la  moneda venezolana; no obstante y a pesar de que estos no ejercen en la actualidad operación  alguna  en  territorio  venezolano,  el  precio  del  bolívar  sigue depreciándose ante el peso colombiano en mas de un 200% en comparación a los valores referenciales para la fecha previa al cierre.

 

En  conclusión  el  cierre  de  la  frontera  no  generó  ningún  beneficio  social  ni económico para la región, por el contrario esta acción tiene a la población en un caos,  con  malestar  y  desesperanza,  bajo  la  presencia  de  mafias,  cuerpos irregulares y la desviación institucional de algunos funcionarios de las Fuerza Armada Nacional que controlan todos los flagelos fronterizos que afectan la economía nacional, procesos de producción, medio ambiente y calidad de vida.

 

En  cuanto  a  la  revisión  de  la  Ley  Orgánica  de  Frontera,  se  establecen  las siguientes consideraciones finales de acuerdo al estudio realizado por el Dr. José Gregorio García que señala:

 

  • Carece  de  un  marco  definitorio,  que  permita  comprender  las  principales características y problemáticas de la Frontera.

 

  • Otorga una potestad absoluta al Ejecutivo Nacional por intermedio de diversos Ministerios, sin crear un Organismo Centralizado que coordine, planifique y ejecute la Política Integral de los Espacios Fronterizos de carácter unilateral.

 

  • Excluye la participación del poder estadal y municipal del desarrollo del Plan de Desarrollo Integral de los Espacios Fronterizos.

 

  • Establece la creación de nuevas instancias Regionales por parte del Ejecutivo Nacional, sin la consulta  y participación de  los estados y municipios, y las cuales pudiesen socavar

 

  • Salvo su relación con la Ley para la Regionalización Integral para el desarrollo socioproductivo de la patria, cuyas normas no concuerdan debidamente,   no se concatena con las demás normativas de la materia, inclusive tratados y acuerdos binacionales y multilaterales.

 

  • Es  una  Ley  Subsidiaria  y/o  apéndice  de  la  Ley  para  la    Regionalización

Integral para el desarrollo socioproductivo de la patria y del sistema nacional de regionalización.

 

  • Da una  primacía    al  proceso  de  regionalización  dirigida  centralista  como solución a la problemática de la frontera.

 

  • No toma  en cuenta  la  complementariedad  y homogeneidad  de  algunas  de nuestras regiones fronterizas   con regiones limítrofes   de nuestros países vecinos.

 

  • Excluye  a  los  órganos  especializados  aun vigentes  pero  inactivos  como  el

 

Consejo  Nacional  de  Fronteras,  Comisión  Presidencial  de  Integración  y Asuntos Fronterizos Colombo Venezolana, Comisión Binacional de Alto Nivel, así como a otros de más reciente creación con el Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo y la Misión Nueva Frontera de Paz.

 

  • Salvo las exenciones y ventajas establecidas en la Ley para la Regionalización

Integral  para  el  desarrollo  socioproductivo  de  la  Patria,  no  se  establece ninguna especie de asignación especial.

 

  • Hace  una  breve  mención  a  los  diferendos  limítrofes,  los  cuales  debieron

mencionarse expresamente a fin de validar nuestra soberanía en esas áreas.

 

  • Otorga funciones Subsidiarias de Policía Administrativa e investigación Penal a la Fuerza Armada Nacional; funciones que ya son ejercidas por uno de sus componentes como es la Guardia Nacional Bolivariana.
  • No hace referencia a la participación ciudadana.

 

  • No toma en cuenta a los Pueblos y Hábitats Indígenas.

 

  • El aporte  de  esta  ley es  mínimo  en lo  que  se  refiere  a  los  procesos  de integración fronteriza, especialmente el que pudiese darse en el Mercosur.
  • No fue  consultada  con los  diversos  sectores  que  hacen vida  en las zonas fronterizas.

 

 

En conclusión se puede indicar que después de un retardo legislativo de 14 años, hoy se tiene una Ley Orgánica de Fronteras, que posiblemente no cubrirá las expectativas de la frontera y que probablemente no presentara las soluciones necesarias. La premura con la que se dicta esta Ley, y su carácter de apéndice a la del Ley de Regionalización Integral Para el Desarrollo Socio Productivo de la

 

Patria, dan evidencia de que la misma es resultado de un tiempo político determinado en el cual el Ejecutivo Nacional aprovechando al máximo la última ley habilitante, buscan la creación de un nuevo orden geopolítico mediante una regionalización centralizada  y unilateral y en la cual el Ejecutivo Nacional es el único participante, excluyendo a los Estados y Municipios, así como a las fuerzas vivas que hacen su día a día en la frontera.

 

RECOMENDACIONES

Solicitar al Ejecutivo Nacional se levante la medida de cierre fronterizo de manera inmediata, para restablecer la economía formal de industria, comercio y aduanas así como restituir el estado de derecho respecto a la violación de garantías constitucionales cometidas durante el periodo de cierre de frontera

 

Presentar una nueva Ley de Frontera previa consulta y participación de todos los actores involucrados, basada en una política integral de Estado para promover la seguridad, defensa  y soberanía  de  la frontera así como un sistema económico fronterizo  que  restituya  la  economía  formal desvirtuada en los nueve (9) meses que lleva la medida de cierre.

 

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