Crean subcomisión especial para investigar corrupción en el Ministerio de Alimentación

La mayoría de la Comisión de Contraloría aprobó en su sesión de este miércoles 9 de marzo, la constitución de una subcomisión especial para investigar las presuntas irregularidades que se han registrado en el Ministerio de Alimentación.

 

La iniciativa fue impulsada por la diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda), quien señaló que la Misión Alimentación ha administrado 142 mil millones de dólares y “no hay alimentos” en el país. “¿Dónde están los reales? Aquí ha habido una mezcla de robo con ineficiencia”, apuntó la legisladora.

 

Tomando como referencia datos contenidos en la memoria y cuenta de la cartera de Alimentación, Bolívar destacó la caída de la producción en las empresas del Estado que deberían encargarse de garantizar la soberanía alimentaria. “¿Qué ocurrió con el rendimiento de estas empresas?”, se preguntó la parlamentaria mirandina.

 

La legisladora indicó que en la pasada legislatura, bajo control del chavismo, la Comisión de Contraloría conoció 23 denuncias referidas al sector público de alimentos. De ese total, 21 fueron cerradas y dos permanecen abiertas. Ninguna arrojó sanciones.

 

“El expresidente de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar, tiene denuncias aquí y no pasó nada”, fustigó la dirigente de Voluntad Popular. Aguilar fue detenido recientemente por su presunta implicación en una red de corrupción que operaba en Abastos Bicentenario.

 

Bolívar recordó que los generales Rafael Oropeza, Félix Osorio, Carlos Osorio y Hebert García Plaza ocuparon el Ministerio de Alimentación. Todos ellos estarán bajo la lupa de esta subcomisión especial, que estará integrada por la propia Bolívar, Ismael García (PJ-Aragua), Mariela Magallanes (LCR-Aragua) y Carlos Berrizbeitia (Prove-Carabobo).

 

En representación del bloque del Polo Patriótico, Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro) aseguró que el Ministerio Público y los distintos organismos del sistema de justicia están combatiendo la corrupción en el sector de los alimentos.

 

Carreño calificó la propuesta de la Unidad Democrática como “un ejercicio ocioso de investigación parlamentaria”. Para justificar esta valoración, argumentó que el proyecto de Ley de Amnistía que plantea la oposición –y que el chavismo llama “ley de amnesia criminal”- terminaría beneficiando a personas procesadas por participar en la supuesta “guerra económica” que enfrenta el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

 

Ayuda internacional

Berrizbeitia anunció que la Comisión de Contraloría solicitará a distintos gobiernos extranjeros información sobre las empresas de alimentos que han suscrito convenios con el Estado venezolano. El parlamentario adelantó que enviarán estas peticiones a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Cuba, entre otros.

 

“Queremos que nos remitan la lista de compañías que han hecho negocios con el Gobierno de Venezuela en los últimos diez años para identificarlas. Creemos que con esos datos podremos determinar si hubo sobreprecio en las importaciones”, sentenció el legislador del estado Carabobo.

 

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