El Guiso del PAE

Jesús Yajure- Un informe especial de la Contraloría General reveló en 2013 que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), gestionado por el Ministerio de Educación, funcionaba sin los mínimos controles fiscales. En el documento también se destacó que empresas cooperativas inflaban facturas y defraudaban al Estado en detrimento de la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes en planteles venezolanos.

 

El Programa de Alimentación Escolar “adolece de fallas en la planificación, supervisión y control interno”, apunta un informe publicado en junio de 2013 por la Contraloría General de la República (CGR), que había inspeccionado, solo en Distrito Capital, 42 planteles educativos que atienden una población de 37.968 estudiantes.

 

El informe de la CGR, de 43 páginas y disponible en el sitio web del ente (www.cgr.gob.ve), también recogió las incidencias de fiscalizaciones efectuadas durante 2009, 2010 y 2011 en otras cinco entidades: Falcón, Carabobo, Apure, Guárico y Lara.

 

Entre los resultados se enunciaban: falta de soportes, facturas, órdenes de compra, notas de entrega y comprobantes; ausencia de control fiscal y registros contables, irregularidades en contrataciones, pagos dobles, retrasos en pagos y opacidad en el manejo de recursos, entre otras irregularidades.

 

Más allá de un diagnóstico, la CGR también estableció las responsabilidades del Viceministerio, la Dirección de Administración, la Coordinación Nacional, las Zonas Educativas, coordinaciones, planteles y proveedores: “Realizan procesos de forma aislada y no cuentan con criterios técnicos ni legales; no se mantiene la continuidad y uniformidad; persisten las deficiencias administrativas y organizativas que van en detrimento de la eficiencia y eficacia de las operaciones e inciden en la inoperatividad del programa”.

 

El PAE fue creado en 1996 funciona sin personalidad jurídica bajo la tutela del Ministerio de Educación con dos modalidades: el plato servido en comedor, preparado por “madres procesadoras” que cocinan alimentos en unidades educativas; y el “servicio de alimentación o de distribución”, que prestan por proveedores —entre los que se incluyen cooperativas, PDVAL y MERCAL— bajo las figuras de insumos o plato servido.

 

Un reportaje publicado en 2010 en el diario Últimas Noticias denunció las irregularidades en el funcionamiento del programa y el papel de las empresas cooperativas, que inflaban facturas y matrículas de planteles para defraudar al Estado y hacer cobros superiores sobre los servicios prestados. Este trabajo y una carta del director de este rotativo a la Contralora (e), Adelina González, solicitándole una investigación provocaron la revisión al funcionamiento del PAE.

 

En 2013, tras conocerse los resultados del informe especial de la CGR, el diario publicó un segundo reportaje en el que además constató las deficiencias en la operatividad del PAE mediante visitas a planteles y consultas a directivos, coordinadores, docentes, estudiantes de liceos de Caracas.

 

Cooperativas hacían fiesta con dinero público

 

El informe también detalla los hallazgos en las entidades revisadas:

  1. 1.    Falcón:

a)    Se realizaron 428 órdenes de compra por un monto de Bs. 11.269.723,39 sin actas de compromiso de prestación de servicio, sin exigir fianza de fiel cumplimiento. Además no se hizo consulta de precios ni se celebró rueda de negocios pública en la región.

b)    Se encontró que faltaban 26 órdenes de compra por un monto de Bs. 382.657,02.

  1. 2.    Lara:

a)    Se utilizó una base de cálculo de matrículas diferentes a las verdaderas

b)    Se generaron obligaciones con los proveedores por un monto que excede la deuda real en Bs. 5.554.536,95.

c)    Con esta práctica resultaron beneficiadas 110 asociaciones cooperativas.

  1. 3.    Guárico:

a)    Se hicieron pagos durante el año escolar 2009 por Bs. 773.151,18 sin que consten actas de inicio, actas de suspensión y actas de culminación de la ejecución del PAE.

b)    Se verificó que en 17 escuelas rurales de Calabozo, municipio Miranda, la asociación cooperativa Morrollano II no prestó servicio en los años escolares 2008-2009 y 2009-2010.

c)    El Ministerio de Educación efectuó pagos a la asociación cooperativa Morrollano II por Bs. 2.248.802,84 sin presentación de facturas.

d)    Se evidenció el pago doble por Bs. 96.014,45 a los servicios en el Liceo Bolivariano Manuela Sáenz y la Escuela Básica Paso Pelao.

e)    Se comprobó que en siete escuelas del municipio Roscio se pagaron 1.203 platos por Bs. 57879,10 que excedían las matrículas de dichas instituciones educativas.

  1. 4.    Carabobo:

a)    Discreparon los montos en la contabilidad del presupuesto.

b)    No existen soportes documentales que respalden los gastos realizados entre el segundo y cuarto trimestre de 2010.

c)    Faltaron 345 órdenes de compra por Bs. 10.216.689,71

d)    Se otorgaron contratos a cooperativas como proveedores sin los procesos de selección establecidos en las leyes.

e)    Se comprobó que 27 cooperativas que fueron contratadas en 2009 por un monto de Bs. 49.369.119,50 tenían capacidades financieras inferiores al monto por el que fueron contratadas.

f)     Las asociaciones cooperativas no cumplieron con el compromiso de Responsabilidad Social.

g)    De un total de 27 asociaciones cooperativas contratadas, 449 compras no incluyeron la fianza de fiel cumplimiento.

h)    Se evidenciaron entregas incompletas de insumos a 28 planteles por parte de 13 cooperativas.

  1. 5.    Apure:

a)    No existen los expedientes como proveedores de cuatro cooperativas que recibieron pagos por Bs. 1.158.466,01.

b)    Se realizaron pagos por Bs. 694.652,54 correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 sin las firmas autorizadas de los funcionarios.

c)    Cheques por un monto total de Bs. 2.994.861,57 emitidos a las asociaciones cooperativas fueron entregados a emisarios carentes de autorización.

d)    Las asociaciones cooperativas Llano Alto 93, Bolivariana Hermanos Torrealba 421, Comaproa Luis Rincones Castillo 32165 y San Vicente 38 recibieron en total Bs. 493.187,89. Sus representantes eran funcionarios del Ministerio de Educación.

 

También los responsables de dos cooperativas consultados por ÚN y señalados de presuntos delitos confirmaron la existencia de “mafias” que gestionaban los pagos sin servir ni un plato de comida. Los responsables del PAE en varios planteles de Caracas declararon que la deficiente comunicación entre las empresas y los planteles, la nula automatización y supervisión del programa, entre otras causas, provocaba que semanalmente se botaran cajas repletas de alimentos.

 

Se constató además que cinco asociaciones cooperativas (Itzamatul, El Avio, Kabil, Nahuata y Trasalim) que prestaban servicio a planteles en Carabobo compartían un mismo número telefónico de Caracas. Estas entidades eran señaladas por la CGR de cobrar sin proveer de alimentos a los planteles.

 

El propietario de estas empresas, Luis Alberto Duque, negó en julio de 2013 a ÚN que hubiese recibido dinero sin prestar servicio y acusó que el burocratismo y grupos que se disputaban el poder atentaban contra el programa y los empresarios: “Eso es una mafia. Hay demasiado descontrol, burocracia, de todo hay allí. No pregunte por detalles, confórmese con saber que allí hay de todo, de malandros para abajo; no solo en la Zona Educativa, sino en la coordinación del PAE y hasta en los planteles”.

 

Respuesta tardía

 

La entonces ministra de Educación, Maryann Hanson, no respondió a los llamados del diario. Se enviaron correos electrónicos y se hicieron llamadas a su equipo de prensa. También se intentó contactar a Trina Manrique, titular del Viceministerio de Participación y Apoyo Académico, bajo el cual funciona el PAE.

 

Una semana después de publicado el trabajo, Hanson citó al periodista para responder a las denuncias en el reportaje. En una reunión en su despacho, el jueves 11 de junio, acusó al medio de “sensacionalistas” y de mentir en el reportaje, pese a que se le había expresado que las denuncias tenían base en un informe de la CGR.

 

Hanson aseguró que la CGR le había proporcionado una copia del documento en marzo de 2012 —tras lo cual habría tomado una serie de correctivos— aun cuando se le recordó que el informe había sido elaborado en diciembre de ese mismo año. Un párrafo del documento declara:

 

Cabe destacar que la cuenta de Fideicomiso, desde su apertura, (2009) no se ha conciliado, no se llevan registros contables, situación que fue comunicada, entre otros aspectos, por esta Contraloría General en reunión solicitada por la Ministra y efectuada en fecha 22-03-2012, en la cual estuvieron presentes, además, la Viceministra de Participación y Apoyo Académico; la Directora del Despacho; el Director de Administración y Servicios; el Coordinador Nacional del PAE; y el Coordinador Adjunto del PAE. A la fecha de elaboración de este Informe (12-12-2012), no se tiene información de éstas actividades. [Subrayado nuestro]

 

La ministra expuso que había tomado medidas, entre las que mencionó la suspensión de todas las cooperativas mencionadas en el informe y la remoción de todos los funcionarios del Ministerio de Educación vinculados a estas entidades.

 

Suspendidos sin juicio

 

En 2010, el PAE estuvo a cargo de la viceministra Jennifer Gil Laya y de Rubén Mindiola, como Coordinador Nacional. Ofelia Fermín ocupó también el cargo de directora general de administración. En abril de 2010, Mindiola fue relevado del cargo y sustituido por Francisco Hernández.

 

En más de 10 años, el programa ha sido objeto de reformas sin que cesen las irregularidades: en 2009 se revirtió el proceso de descentralización con la creación de una cuenta bancaria de fideicomiso en el Banco de Venezuela, que centralizó los pagos y ocasionó que la Tesorería Nacional suspendiera los giros a Zonas Educativas en cada entidad, que trabajan en coordinación con el ministerio. Esto ocasionó retrasos y acumulación de deudas de hasta siete meses durante varios ejercicios fiscales.

 

En muchos casos se hicieron pagos sin comprobar la ejecución total de los recursos por parte de las cooperativas. En 2011 entraron Mercal y Pdval como proveedores de alimentos a escuelas en todo el país. Ese mismo año, la ministra Maryann Hanson reconoció que estaba en conocimiento de las facturas infladas en el PAE.

 

Actualmente, cifras oficiales del PAE apuntan que llega a casi 4.055.135 estudiantes, en edades que van desde 3 años (educación inicial) hasta 17 y 18 años (educación media). Otros funcionarios que ocuparon cargos en el PAE y Zonas Educativas en entidades fiscalizadas fueron: Ysmenia Fernández Olivera (Carabobo), Rosa Yelitza Lira (Carabobo), Maryuris Fontaine (Guárico), Alexander Ríos (Guárico), Célica Silva (Apure). Todos fueron destituidos de sus cargos.

 

Héctor Rodríguez, actual titular del Ministerio de Educación, anunció en febrero que 2014 que había rescindido contratos a proveedores privados que proveían el 40% de los alimentos del PAE. Nueve meses después, en noviembre, anunció la creación de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, que tomaría todos los contratos para la producción y elaboración de alimentos.

 

El Ministerio de Educación incrementó 9% el presupuesto destinado al PAE en 2014, pero los resultados lejos de beneficiar a más niños provocaron una reducción en su cobertura: 36 mil niños dejaron de recibir alimentos.

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