El tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco

Clavel A. Rangel Jiménez- La cobertura del caso de corrupción en Ferrominera Orinoco comenzó en noviembre de 2012 con la intervención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la gerencia de comercialización por el supuesto tráfico de mineral de hierro.

 

De acuerdo a las investigaciones preliminares, Ferrominera vendió mineral de hierro (a precios preferenciales) a empresas intermediarias – muchas de ellas sin experiencia en el mercado – que colocaban el producto en el mercado internacional pagando coimas a gerentes y  demás funcionarios de Gobierno.

 

El inicio de la investigación fue publicada por el Correo del Caroní y negada en rueda de prensa por el entonces presidente de la estatal, Radwan Sabbagh.

 

Sabbagh era el único presidente, en tiempos de alta rotación gerencial, con más de seis años al frente de una empresa básica como Ferrominera, casi paso obligado del presidente Hugo Chávez en sus visitas a Guayana.

 Su permanencia en el poder se le atribuía a su cercanía con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, con quien había trabajado en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

 

Pero fue hasta  mayo de 2013 cuando la DGCIM comenzó una serie de entrevistas a empresarios,  personal gerencial, incluido el presidente de Ferrominera por tráfico de mineral de hierro, entre otros delitos. La información fue censurada en la prensa regional sobre la que el gobernador tiene influencia.

 

La DGCIM revelaba un cisma dentro del poder regional y nacional. Entre 2008 y 2012 varios procedimientos se ejecutaron en el muelle de Ferrominera sin que ninguna figura de poder saliera trastocada, entre ellos el tráfico de 2 mil toneladas de aluminio, y el hallazgo de dos cargamentos de cocaína, uno de ellos de 5 toneladas.

 

Implicados

 

Radwan Sabbagh fue detenido el 12 de junio de 2013 y anunciado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de lo que el propio gobierno había denominado la “lucha contra la corrupción”.

 

Sabbagh es acusado de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir por el desvío de una partida presupuestaria de 250 millones de bolívares.

 

Además de Sabbagh fueron detenidas las gerentes María Acosta (exgerente de Finanzas de Ferrominera) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas en Ferrominera) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir.

 

Al exconsultor Jurídico de Ferrominera, Noel Ramírez, se le acusa de ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir; el exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera, Ángel Ramón Campero Franco, fue acusado el 22 de diciembre de 2013, por su presunta participación en el delito de peculado doloso propio, en grado de cooperador; y asociación para delinquir; mientras que al empresario y editor del Diario Primicia, Yamal Mustafá, se le acusa de ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión  de Sabbagh.

 

Mustafá es conocido amigo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, además de contratista del ente regional y de las empresas básicas.

 

Todos ellos permanecen privados de libertad en la sede de la policía militar en Ciudad Bolívar, mientras se desarrolla el juicio en Caracas.

 

Sobornos

 

En paralelo a la investigación en Ferrominera, el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi conocido por “El Tiburón”, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas.

 

“El Tiburón” es acusado de los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otras empresas, es -junto a Sabbagh- uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”.

 

Otros empresarios, como el propietario de la empresa privada Corinsur y su sobrino Manuel Mustafá, también fueron citados a declarar.

 

A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares a las cuentas del coronel en el exterior, todo esto bajo la presunta amenaza de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana.

 

Por el caso de extorsión, además de Álvarez Dionisi, está preso el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera); Carlos Martínez por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir y el teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Arturo Nieves Moreno, adscrito al citado organismo de inteligencia y Belkis Guerrero (cónyuge de Álvarez Dionisi).

 

Nieves Moreno es acusado por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, extorsión agravada, incremento patrimonial y asociación para delinquir; mientras que Guerrero fue acusada por presuntamente incurrir en los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

 

Mustafá dijo a la DIM que decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, cuyas empresas intermediarias revenden mineral de hierro en el mercado internacional.

 

La maniobra

 

Las  conclusiones del informe análisis técnico del Departamento de Análisis Financiera de la Guardia Nacional determinó que Álvarez registró en el 2006 alrededor de 160 mil bolívares de “origen desconocido”.

 

Entre finales de 2010 y el primer semestre de 2012 hallaron 180 mil bolívares “cuyo origen no fue producto de su desempeño como miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino del ciudadano Radwan Sabbagh por intermedio del ciudadano Yamal Mustafá, quien facilitó una cuenta bancaria registrada a su nombre”.

 

El departamento determinó que Mustafá transfirió 3.9 millones de dólares producto “de la presunta extorsión de la cual estaba siendo objeto el ciudadano Radwan Sabbagh, a la cuenta Representaciones Doralito Citibank Na. New York”.

 

Las divisas se encuentran vinculadas a Álvarez Dionisi y a Belkis Guerrero Moran, su esposa, oficial técnico egresada de la Escuela de Enfermería y retirada de la GN.

 

De la investigación de la Guardia Nacional resultó que Guerrero recibió 190 mil dólares el 25 de octubre de 2012 por intermedio de Sabbagh.

 

El informe concluye que los fondos son desconocidos por cuanto la Inspectoría General de la Guardia Nacional informó, el 6 de junio, que Guerrero recibió el último sueldo como miembro de la Fuerza Armada Nacional el 1 de marzo de 2009.

 

Además determinaron que la esposa del coronel recibió dólares movilizados por el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera, Juan Aníbal Vásquez, por intermedio de la empresa Viherca International.

 

Además de su esposa, su hija recibió 4 mil dólares americanos provenientes de Vásquez.

Consecuencias

 

La publicación de las declaraciones de los funcionarios hechas ante la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) generó dos demandas una penal y otra civil contra el Correo del Caroní. El demandante, Yamal Mustafá, pidió que se censura la publicación del caso Ferrominera Orinoco en el diario Correo del Caroní y en cualquier otro diario del país mientras se desarrollaba la investigación.

 

El Juzgado Primero de Juicio del estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz ordenó la no publicación de información “subjetivas o prejuiciosas” en la que se mencione a Mustafá, acusado de los  delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir, tipificados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

 

En lo sucesivo, la Corte de Apelaciones negó el recurso interpuesto en contra de la decisión y actualmente se ha dado apertura al procedimiento judicial.

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